“El secretario general estaba alarmado de ver la decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de sus derechos civiles y políticos, en particular la nacionalidad y el derecho a la propiedad”.

Esas fueron las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric sobre la decisión del presidente Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad y de sus bienes a varios opositores nicaragüenses.

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“El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. No debe haber persecución ni represalias contra los defensores de los derechos humanos o las personas que expresen opiniones críticas”, agregó Guterres.

Y recordó que “la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”.

Los 94 opositores exiliados fueron declarados por el Gobierno de Ortega como “traidores a la patria”, inhabilitándolos de por vida para ejercer cargos públicos.

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Asimismo, el Ejecutivo ha decretado el decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades y los ha declarado “prófugos de la justicia”.


Además de los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista en la década de 1980 que encabezaba el actual Mandatario entre los sancionados figuran el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.

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En la lista también hay políticos de distintos partidos y formaciones opositoras, exguerrilleros sandinistas, activistas de organismos no gubernamentales y periodistas.

La medida llegó seis días después de que el Gobierno de Ortega liberara y expulsara a Estados Unidos a 222 opositores presos, en medio de críticas de la comunidad internacional debido por el creciente autoritarismo de su Administración.