Los casos más representativos son los de Brasil y Perú por parte de opositores al gobierno en turno.
En Perú, varias protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, han dejado 58 muertos desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que explotó la crisis.
Pedro Castillo, el entonces presidente había sido destituido y encarcelado, luego de intentar disolver el Congreso e imponer un Estado de excepción, lo que fue calificado por Boluarte y el gabinete de Castillo como “un intento de golpe de Estado”.
“El poder militar se pone por encima del poder político y legitima a Jeanine Áñez con el mandato de llevar a cabo elecciones tres meses después. No sucedió y como consecuencia provocó el despliegue de militares para evitar las movilizaciones a favor de Morales. La familia de Evo Morales tuvo que solicitar asilo a México por la persecución política desencadena por Añez”, contó la profesora de la FES Aragón, Serrano Solares.
Pero hay otros golpes de estado a los que se les considera como golpes blandos, los cuales suelen estar acompañados por el lawfare o la “guerra jurídica”.
Este concepto, según el autor Enrique Santiago, se define como “el uso del orden jurídico para desarticular políticamente a un adversario a través de una persecución que le impida la participación en procesos electorales”.
En Brasil, a una semana de la llegada al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, los seguidores del expresidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, saquearon las sedes de los poderes públicos.