La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha tomado juramento este domingo a nuevos ministros de Justicia, Educación, Trabajo, y Comercio Exterior y Turismo en una remodelación inesperada de su gabinete.
El nuevo ministro de Justicia será Daniel Maurate, ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala, que reemplazará en el cargo a José Tello Alfaro.
Magnet Carmen Márquez Ramírez será la nueva ministra de Educación en sustitución de Óscar Becerra tras ejercer, desde finales del año pasado, como viceministra de Gestión Institucional de esta misma cartera.
Fernando Varela Bohorquez y Juan Carlos Mathews Salazar serán los nuevos encargados de Trabajo y Comercio y Turismo, respectivamente, en sustitución de Luis Adrianzén y Luis Helguero, recoge Radio Programas del Perú.
Boluarte anunció los cambios en el gabinete en una ceremonia transmitida por la televisión estatal el mismo día en que el expresidente Alejandro Toledo ha pasado a disposición policial tras su extradición de Estados Unidos, para convertirse en el tercer jefe de Estado que se encuentra ahora mismo encarcelado, en su caso bajo prisión preventiva por presunta corrupción.
¿Cómo avanza el gobierno de Boluarte?
Tras la destitución de Petro Castillo, fue Dina Boluarte quien asumió el cargo de presidenta del Perú, sin embargo, en estos primeros 5 meses de gobierno, su gestión alcanzó el nivel más alto de desaprobación.
Según un sondeo de la firma Lpsos, un 77% de peruanos desaprueba a Boluarte, la primera mujer en gobernar Perú y quien sustituyó en el poder al izquierdista Pedro Castillo, en medio de una crisis política que acarreó protestas con más de 50 muertos en choques con la fuerza pública. Boluarte, de 60 años, empezó su mandato con una desaprobación de 68%, a raíz de la represión de las manifestaciones que reclamaban elecciones inmediatas y el cierre del Congreso.
En abril su aprobación fue del 15%, dos puntos menos que en marzo y el nivel más bajo en su gestión. El 8% restante de los encuestados no precisó su respuesta, según Ipsos.
Boluarte era vicepresidenta de Pedro Castillo, destituido por el Congreso conservador el pasado 7 de diciembre tras su fallido golpe de Estado. El exmandatario de 53 años cumple prisión preventiva, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
La percepción de que “no hace nada por mejorar la situación económica del país” (45%) y los muertos en las protestas (38%), son las principales razones de su desaprobación, según la firma de estudios de opinión.
Debido a las protestas, la fiscalía investiga a la presidenta por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.