Un año después de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Gobierno y las Farc, la implementación de lo pactado sigue siendo un reto a nivel jurídico, político y social para el país.

Así lo demuestran los inconvenientes que se han presentado alrededor de temas álgidos para materializar lo convenido con esta exguerrilla, como el reciente debate que se generó por la no aprobación en el Congreso de las 16 circunscripciones especiales de paz, el hundimiento de la reforma política y las modificaciones que se le hicieron a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Sin embargo, para el presidente Juan Manuel Santos y todos los que lo apoyan en la consolidación de lo pactado con las Farc y en el intento de llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los desafíos, faltando pocos meses para que se les acabe su mandato, están relacionados con la generación de condiciones para consolidar el proyecto de 'una paz integral'.

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El alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, habló sobre los retos más urgentes para el Gobierno en esta materia.

Quedan muchos temas pendientes en materia de paz para el 2018 y poco tiempo para materializarlos. ¿En orden de prioridades, cuál cree usted que es el mayor reto?


La reconciliación. Por eso vamos a concentrar grandes esfuerzos en esta materia durante el resto de este periodo presidencial. Trabajaremos en equipo con la sociedad civil, liderazgos políticos y organizaciones para desarrollar estrategias que nos lleven a este objetivo enfocándonos en los territorios en los que hubo mayor influencia de la violencia.

¿Qué tiene el Gobierno contemplado en materia de reconciliación en estos municipios para los próximos meses?


En estos territorios se vienen haciendo ejercicios muy intensos de construcción de paz, de consulta ciudadana y preparación para desplegar un programa nacional de convivencia. También estamos trabajando en la promoción de un pacto político en las regiones que empiece a traer voluntades que ayuden a acabar con la estigmatización de zonas violentas, porque todo lo que se ha logrado hasta el momento ha sido alrededor de la parte inicial del acuerdo de paz y de su implementación, que era el desarme y la transformación de las Farc en partido político.

En este sentido ¿qué más hace falta?


Todo. Falta construir las bases normativas e institucionales para la gestión y el seguimiento a los compromisos del acuerdo de paz. La puesta en marcha de toda esta institucionalidad tiene que ver con la reincorporación, las garantías de seguridad y la superación de dificultades para el desarrollo en las zonas donde hubo conflicto. Son cosas muy prácticas, pero que tienen que ver con la construcción de paz y que permitirían una transformación cultural para una sociedad que ha sido afligida por más de 50 años de violencia y confrontación.

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Usted mencionó que hacen falta bases institucionales para la consolidación de la paz, pero recientemente se eligió el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. ¿Qué papel va a tener este estamento en lo que falta de implementación?

Va a ser el gran timonel de este proceso. Hay 105 representantes de todos los departamentos y como gran timonel tendrá el rol de estar recorriendo el país y activando los comités territoriales, haciendo pedagogía de construcción de paz y promoviendo que esta dinámica se ponga en marcha. Tendrá la prioridad de sembrar las semillas de la reconciliación política.

¿Pero este último punto sí será posible en medio de elecciones presidenciales y de Congreso?

Comprendo que en medio de estas dos campañas políticas va a ser difícil avanzar en esa dirección. Pero el comité podrá sembrar semillas que germinen después de la elección, para que cualquiera que sea el Presidente pueda tener un camino ya recorrido para reunificar el país alrededor de la construcción de paz. Para esto será necesario definir el papel que este comité tendrá en el proceso de paz con el ELN. Pero ese es un tema que no depende solamente del Gobierno, sino de la propia negociación, pero en algún momento tendrá un papel en este proceso.

Hablando de elecciones a Congreso ¿qué opina usted de lo que está pasando con el proyecto que da vía libre a la creación de las 16 circunscripciones de paz?

En ese tema en concreto, la última palabra la tienen los jueces, que es lo que ocurre en una democracia. Cuando hay controversia entre poderes públicos, un juez resuelve. Por otro lado, el Gobierno basado en un concepto del Consejo de Estado ha programado la continuidad de los proyectos que tienen que ver con la implementación de la construcción de paz para marzo del próximo año. El Presidente, antes de que acabara el periodo ordinario del Congreso, declaró mensaje de urgencia para varios de estos proyectos para tener el mismo impacto a nivel de trámite que el que tenía el ‘fast track’.

En cuanto a la implementación en los territorios ¿cómo va el proceso?

El Gobierno está haciendo varias focalizaciones. Una de ellas es en 26 territorios, que los llamamos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Allí se están haciendo tareas de reincorporación y hay una especie de ciudadelas con garantías de seguridad, apoyo de infraestructura básica y servicios públicos. En esos lugares se inició la bancarización, el ingreso al sistema de salud, la nivelación educativa y el aprendizaje para el trabajo de los excombatientes.

¿Qué otros territorios están focalizados por el Gobierno en este proceso?

Tenemos otros 51 municipios, incluyendo los que tienen mayor siembra de cultivos ilícitos. Con estos estamos desarrollando un plan para la construcción de más de 2400 kilómetros de vías e infraestructura básica para generar integración económica. Otro grupo priorizado es el de los 170 municipios más afectados por el conflicto en términos de democracia. Allí estamos priorizando la discusión con la gente, hemos hecho más de 5.000 reuniones con la comunidad con la participación de más de 27.000 personas.

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La cuarta focalización tiene que ver con 340 municipios o zonas afectadas por el conflicto en términos económicos. En estos lugares hay una estrategia especial de atracción a la inversión de privados para que se establezcan en esas zonas a cambio de exenciones tributarias por 10 años. Las estrategias para estos territorios junto a la sustitución de cultivos ilícitos y la política de grandes obras de infraestructura van a permitir generar una dinámica de desarrollo en las zonas afligidas por el conflicto.

Pero esto no será posible si no se llega a un acuerdo con el ELN. ¿Cómo evalúa esta negociación?

Muy bien, porque con el ELN se logró el primer acuerdo más importante que fue el cese al fuego. Esto es importante porque fueron más de 50 años los que estuvo esta guerrilla sin dejar de ejecutar actos violentos con armas. Según investigaciones que ha hecho el mecanismo de verificación y otras entidades, este cese ha representado consecuencias positivas y alivios sustanciales para la población. Sin embargo, reconocemos que ha habido problemas que se han venido solucionado en la negociación. Esperamos que se prolongue el cese.

¿Qué opina del cambio del jefe negociador del Gobierno?


Creo que nombrar al exvicepresidente Gustavo Bell como nuevo jefe negociador estuvo bien. Fue una decisión bien recibida por las partes, sobre todo porque el mismo presidente está dirigiendo la recomposición del equipo. Sin embargo, creo que hay que repensar la estrategia de negociación y definir las prioridades de la negociación.

¿Qué temas se deben priorizar?

La prórroga del cese y el fortalecimiento de este. Se debe aprender de lo que ha ocurrido durante este tiempo para que no vuelvan a suceder incidentes. También creo que se debe incluir una separación de fuerzas y un control más efectivo para que las garantías sean mayores, así como definir el papel que va a tener el ELN en la JEP. Pienso que ya se ha avanzado en lo más importante, pero el reto más delicado es avanzar en el poco tiempo que queda de Gobierno porque es un oportunidad irrepetible. Cualquiera que sea el próximo presidente tendrá sus prioridades.

¿Cree que si gana un presidente de derecha se acabaría la negociación con el ELN?


Es una pregunta política sobre la que no tengo respuesta. Pero este Gobierno y el ELN todavía tienen tiempo para llegar a acuerdos sustanciales y repito que esta puede ser una oportunidad irrepetible. Hay que tener presente el momento histórico que estamos atravesando y creo que ambas partes deben tomar acciones decisivas para darle buenas noticias a Colombia en materia de paz.

¿Qué otros retos tiene el Gobierno para el 2018 en relación a la paz?

Uno de los grandes retos es lograr la participación efectiva de las Farc  en el ámbito político. Que esta se dé en un ambiente de respeto, tolerancia, convivencia, de no estigmatización y con garantías de seguridad. Me parece fundamental la puesta en marcha de la JEP y de la comisión de la verdad para garantizar la no repetición.