Las legislaciones sobre el aborto varían mucho a nivel global, con importantes restricciones en algunos países y regiones, incluida América Latina, donde Argentina se convirtió el pasado miércoles en una de las pocas naciones del continente en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

En efecto, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) –ONG internacional que desde hace más de 25 años trabaja en el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva—, al menos 90 millones de ellas que están en edad reproductiva viven en 26 países donde todavía no se permite la interrupción voluntaria del embarazo en ninguna circunstancia.

Otras 360 millones de mujeres viven en 39 naciones donde solamente se permite el aborto para casos donde la vida de la madre esté en riesgo, mientras que en 56 más al menos 240 millones de mujeres pueden abortar por motivos terapéuticos o de salud, como ocurre en Colombia.

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En contraste, según el CRR, en la actualidad ya hay 67 países donde unos 590 millones de mujeres pueden interrumpir el embarazo legalmente, sin ningún tipo de restricción, durante las primeras doce o catorce semanas de gestación.En resumen, se podría decir que mientras un 36 % de las mujeres de todo el mundo viven en países donde pueden solicitar interrumpir voluntariamente el embarazo, un 64 % habitan en naciones donde todavía hay restricciones de algún tipo.

Prohibición total
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El Salvador adoptó en 1998 una legislación drástica que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. En ese país centroamericano dicha práctica se castiga con entre dos y ocho años de cárcel. Pero cuando se lo hace después de 22 semanas de embarazo, puede ser considerado como un “homicidio agravado” y acarrear una condena de entre 30 y 50 años de prisión.

Según varias ONG, una veintena de mujeres permanecen detenidas en El Salvador debido a esa ley.

Malta, donde el catolicismo es la religión de Estado, es el único país de la Unión Europea que prohíbe totalmente la interrupción voluntaria del embarazo. En caso de incumplir la ley, la condena puede ser de entre 18 meses y 3 años de cárcel.

En el resto del mundo, el aborto está prohibido en una quincena de países: Congo, Yibuti, Egipto, Guinea-Bisáu, Madagascar, República Democrática del Congo y Senegal, en África; Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y República Dominicana, en América; Filipinas y Laos, en Asia; y Palaos, en Oceanía.

En Argentina, la votación del Senado fue de 38 congresistas a favor del aborto, 29 en contra y 1 que se abstuvo. Un resultado bastante más holgado de lo previsto.

Acceso restringido
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El aborto solo puede practicarse en caso de que implique peligro para la vida de la madre en países como Paraguay, Venezuela, Costa de Marfil, Libia, Uganda, Sudán del Sur, Irak, Líbano, Siria, Afganistán, Yemen, Bangladés, Birmania y Sri Lanka.

En Brasil, la interrupción del embarazo está muy limitada: se permite en caso de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto.
En 2017 Chile puso fin a cerca de 30 años de prohibición total del aborto, que se permite ahora en caso de riesgo para la vida de la madre, violación e inviabilidad fetal.

En Polonia, el Tribunal Constitucional restringió en octubre pasado el derecho al aborto y prohíbe practicarlo incluso en casos de grave malformación del feto. Únicamente se permite en tres casos: violación, incesto y peligro del embarazo para la vida de la madre.

Un derecho reciente
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Las mujeres de Europa, América del Norte y Oceanía son, de forma general, las que gozan de las legislaciones más permisivas, aprobadas en algunos casos muy recientemente.

En Argentina, el texto que autoriza los abortos hasta catorce semanas de embarazo fue aprobado por el Senado el pasado 30 de diciembre, tras un álgido debate entre organizaciones feministas y grupos provida. Antes solo estaba autorizado en caso de violación o de peligro para la vida de la madre, según una ley aprobada de 1921.

Nueva Zelanda despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en marzo de 2020. Hasta esa fecha se castigaba con hasta catorce años de cárcel, aunque esa condena, meramente teórica, nunca se aplicaba.
En Australia, el estado de Queensland la legalizó en octubre de 2018 y, solo Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, sigue prohibiendo esa práctica actualmente.

En Corea del Sur, la mayor jurisdicción nacional ordenó, en abril de 2019, levantar la prohibición del aborto, considerada anticonstitucional, y pidió una evaluación de la legislación. Hasta la fecha, se permite interrumpir la gestación en caso de violación, incesto o amenaza para la salud de la madre. El Gobierno de esa nación asiática presentó en octubre pasado un proyecto de ley para autorizar el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

En Irlanda, país católico, esa práctica se legalizó en septiembre de 2018, tras un referendo histórico en el que se derogó la prohibición constitucional existente al respecto hasta entonces.

Por su parte, Irlanda del Norte, única región de Reino Unido donde el aborto estaba prohibido, también lo autorizó en octubre de 2019.

En Estados Unidos la interrupción voluntaria de la gestación está permitida desde 1973, tras una sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, el debate sobre su autorización se reabrió durante la reciente campaña presidencial.

El presidente electo, Joe Biden, prometió perpetuar el derecho al aborto, llevando al Congreso una ley al respecto, pero los defensores del aborto temen un retroceso impulsado desde el alto tribunal, tras el nombramiento por parte del saliente mandatario, Donald Trump, de la magistrada conservadora Amy Coney Barrett, ferviente católica.

En Francia, los diputados adoptaron en octubre pasado la extensión del plazo legal para cesar voluntariamente la gestación de doce a catorce semanas de embarazo. El texto será examinado por el Senado este mes.

Se estima que en Colombia solo entre un 1 % y 9 % de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales.

En Colombia
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El debate sobre la legislación alrededor del aborto en Colombia ha recaído en su totalidad sobre la sociedad civil y la Corte Constitucional, puesto que, contrario a lo ocurrido en Argentina, ninguno de los 33 proyectos de ley que se han tramitado en el Congreso de la República ha terminado su curso.

En efecto, desde 2006, ese alto tribunal reglamentó, a través de la sentencia C-355, la viabilidad de la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: cuando hay una malformación del feto que representa riesgo para su vida fuera del útero, cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la madre, y cuando es producto de violación o incesto.

En los demás casos, el aborto sigue siendo considerado un delito en Colombia, a tal punto que la Fiscalía ha abierto 4802 procesos por esa causa entre 2006 y 2020, 180 de ellos en Cali.

“La Corte Constitucional ya reconoció que tenemos obstáculos y barreras estructurales de acceso al aborto, por eso lo que necesitamos es más garantías para este derecho, específicamente para las mujeres más vulnerables, es decir las menores de edad, las de zonas rurales, las que han sido víctimas del conflicto armado, entre otras”, indica la abogada Lucía Hernández.

Ella recordó que en septiembre pasado el movimiento Causa Justa, que agrupa más de 150 organizaciones, académicas y activistas, presentó una nueva demanda solicitando la eliminación del delito de aborto del Código Penal.

“Esperamos que en el primer semestre del año tengamos una decisión de la demanda. Lo que se le pide a la Corte es eliminar el delito de aborto, lo que no quiere decir que no tenga regulación”, señaló la vocera de Womens Link.