El 9 de septiembre de 2024 amaneció con una muy buena noticia. Dos líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la cuenca del río Mallorquín en Buenaventura, que habían sido secuestrados la noche del día anterior por parte de un grupo armado ilegal (posiblemente la disidencia Jaime Martínez), habían logrado recuperar su libertad.
Cuando la noticia del secuestro se conoció, un gran dispositivo de denuncia y búsqueda fue activado por parte de organismo humanitarios internacionales, la administración distrital, la Fuerza Pública, la Iglesia y organizaciones étnico-territoriales y otras expresiones agrupadas en la Alianza por la Vida, la Paz y la Defensa del Territorio.
Que estos líderes hayan sobrevivido resulta ser un hecho casi que milagroso porque trajo el recuerdo triste de otro secuestro ocurrido en Buenaventura, cuando en noviembre del 2021 un grupo armado se llevó a la fuerza a dos líderes del Consejo Comunitario del río Yurumangui: Abencio Caicedo y Edinson Valencia, quienes aún hoy se encuentran desaparecidos.
El 9 de septiembre se conmemora el día Nacional de los Derechos Humanos (DDHH) como reconocimiento a la gesta por la dignidad humana liderada por San Pedro Claver en tiempos del esclavismo, y en ese contexto, desde hace muchos años, se celebra en todo el país la Semana Nacional por la Paz. Así que a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones y entidades internacionales nos pareció importante reunirnos en Buenaventura en lo que es dado en llamarse un Consejo Distrital de Paz, Reconciliación y Convivencia (CDPRC). Nos propusimos articular acciones en torno de una Agenda Local de Paz, pero la conversación que inició con la feliz información de los dos líderes liberados derivó en dolor y desconcierto por la masacre de 12 personas asesinadas en el sector del Naya, parte del territorio de Buenaventura.
Mientras sesionábamos se supo de esta masacre, que no ocurría una de su tipo en Colombia hace ya varios años (por la cantidad de víctimas), y se difundió entonces la versión de que se trataba de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales, no obstante que las perturbadoras imágenes que circularon en redes sociales mostraban era hombres y mujeres civiles, desarmadas. Pero cualquiera sea el caso, hay que decirlo con firmeza, toda vida importa y su posible pérdida debe poder ser evitada.
Toda esta descripción da cuenta de la persistencia del conflicto armado en Buenaventura y su enorme impacto en los territorios y la humanidad de sus comunidades, pero expresa también la valentía del tejido social y comunitario que hace resistencia a esa dura realidad que se mezcla inequívocamente con la exclusión, la desigualdad, la discriminación y la desatención, especialmente de parte del estado nacional que se dirige desde Bogotá.
Existen hoy nuevas y complejas realidades de un conflicto que tiene nuevas caras y dinámicas tanto en el sector rural como urbano, siempre con la impronta del narcotráfico y otras economías ilícitas. Es la herencia trágica de años de violencia en tiempos de la presencia de las antiguas FARC y la posterior arremetida violenta por cuenta de la llegada de los grupos paramilitares del Bloque Calima que inundaron de sangre el territorio con sus masacres y asesinatos; de temor con sus amenazas y desplazamientos forzados de población; y de una larga y dolorosa incertidumbre por cuenta de las personas que se llevaron violentamente y nunca regresaron.
Hay muchas tareas pendientes, dificilísimas todas, para lograr superar esta condición dolorosa de violencia, desigualdad y exclusión, pero en la primacía de los derechos y la dignidad humana hay que priorizar poder salvar vidas (las mas que se puedan) y encontrar a los desaparecidos.