A la velocidad en que cambian las cosas en Colombia es imposible, por ahora, tener una perspectiva clara sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026, sin embargo, hay un consenso en que por lo menos el proceso político ya empezó.
Serán unas elecciones difíciles para todos los grupos políticos, aunque no dudo que el gobierno tendrá que sortear el desafío mayor, porque es más probable que su fuerza parlamentaria se reduzca notoriamente a que crezca marginalmente. No solo por el desgaste evidente del gobierno de Gustavo Petro, sino por varios factores que incidirán en la capacidad de sus aliados en moverse eficazmente para elegir una base de congresistas que garantice la gobernabilidad básica, como para impulsar un candidato viable a las presidenciales que tendrán lugar pocos meses después de las de Congreso.
La formación de un partido único de izquierda no avanza en concreto, y si bien varias fuerzas progresistas tendrán sus congresos en los que decidirán el camino a seguir, la división endémica seguirá caracterizando a la izquierda. Petro no consolidó un bloque de izquierda, y más bien acentuó la división en fuerzas como la Alianza Verde y el ala progresista del partido liberal. Curiosamente en este objetivo le ha ayudado más a Petro el Consejo de Estado anulando personerías jurídicas de las organizaciones de Daniel Quintero, Juan Fernando Cristo y Carlos Caicedo, pues la corriente los empujará a depender más de la organización partidista en la que evolucione el Pacto Histórico.
Por otro lado, las elecciones de 2026 no tendrán las 10 curules aseguradas de Comunes, el movimiento que acogió la estructura política de las Farc. Los comunes tendrán por primera vez en su vida que batirse en la política electoral y dudo que en los años de gracia que surgieron de los acuerdos de paz, hayan formado una base que les permita elegir ni siquiera la mitad de los congresistas que han tenido. No desaparecerán por inanición, pero dejarán de ser representativos en la formación de una alianza de gobierno en el Congreso.
Adicionalmente, vienen dos presidencias de congreso que, tal y como van las cosas, quedarán en manos de congresistas independientes, críticos del gobierno o decididamente de oposición. Va a ser difícil impulsar la agenda legislativa del gobierno con presidencias independientes y la necesidad de pagar el apoyo parlamentario no solo se va a acentuar, sino que se volverá más peligrosa. Esto no quiere decir que si el gobierno quiere seguir con esta línea, no lo pueda hacer, solo que el riesgo incrementará el costo burocrático.
Una incógnita es hacia dónde se irán los parlamentarios que perderá el progresismo en 2026. Mi percepción es que luego de haber sorteado el primer proceso electoral sin Álvaro Uribe Vélez de cabeza de lista, el Centro Democrático mantendrá su representación o la va a incrementar. Lo que sucedió en las elecciones de Concejo de Bogotá debe ser analizado con cuidado, pues bajo el liderazgo del senador Miguel Uribe, los candidatos del Centro Democrático terminaron con siete concejales, los mismos que el Pacto Histórico justo en el bastión progresista donde unos meses atrás se había declarado el fin del uribismo como era política.
Ciertamente, las elecciones parlamentarias y la primera vuelta presidencial no se replican ni se endosan los votos, como se ha probado muchas veces. Pero un retroceso en las legislativas va a deteriorar la capacidad de organización de las presidenciales. No olvidemos que el triunfo de Gustavo Petro no solo estuvo marcado por un contendor detestable para mucho centrista, sino por un resonante resultado en las parlamentarias de 2022.