Las elecciones libres, transparentes y justas son fundamentales en la democracia. Sin embargo, a menos de dos meses de los comicios territoriales, pocas veces se ha sentido tanta alarma sobre las garantías para que se respeten esos principios en muchos sitios del país. Estamos viviendo una contienda compleja con fenómenos graves que deben ser atendidos por el Ejecutivo, las autoridades electorales, la Justicia, la Fuerza Pública y los entes de control político como el Congreso, para garantizar de forma integral el derecho al voto.
Lamentablemente, la lista de factores amenazantes es extensa. Aparecen manifestaciones endémicas como el trasteo de electores, que se debe enfrentar con eficacia. La Misión de Observación Electoral (MOE), la Registraduría y la Procuraduría han advertido de municipios en los que se aumentó en un 300% el número de inscritos para estas elecciones, lo que llevaría al delito de trashumancia. Boyacá, Santander y Tolima son los departamentos más vulnerables. Y aunque ya se han anulado más de 200 mil inscripciones irregulares, si no hay campañas informativas de impacto y decisiones penales, este fraude no cesará.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha advertido que hay 113 municipios en riesgo extremo y 284 en riesgo alto por la violencia y amenaza de los grupos armados y del crimen organizado. La prensa ya ha reportado 26 asesinatos de candidatos, y 106 más han sido amenazados, 20 han sido víctimas de atentados y 152 han experimentado alguna forma de violencia electoral. Lo que nos lleva a revivir tiempos escalofriantes que se creían superados.
También están las alertas sobre la financiación electoral. Es un asunto que nos intranquiliza, en un momento en que el país conoce nuevos escándalos de campañas pasadas. La MOE ha alertado sobre la insuficiente rendición de cuentas de candidatos actuales, y es urgente que las autoridades exijan información total en tiempo real, para enfrentar la explosión de las diferentes modalidades de financiación ilícita que persisten.
Así mismo, las prácticas de microempresas electorales alimentadas por redes del clientelismo están a la orden del día y siguen vigentes. Estas van desde los funcionarios públicos que presionan a subalternos y contratistas para hacer proselitismo, hasta las compras de votos que no tardarán en aparecer con promesas de favores, mercados, uniformes deportivos, y hasta dinero en efectivo. Tristemente, nuestra democracia tiene un largo camino por recorrer para llegar al ideal del voto consciente y libre, basado en programas y trayectorias de candidatos.
En medio de estos desafíos, la Organización Electoral debe actuar con eficacia y eficiencia, tanto en la vigilancia de las campañas como en el desarrollo de la jornada de votación. La legitimidad y transparencia de los resultados es decisiva para que la democracia salga fortalecida.
Lo más importante en este inquietante panorama es no perder la esperanza. Pese a las noticias poco alentadoras, agravadas por la polarización promovida por algunas campañas, no debemos caer en el pesimismo, el conformismo y menos en la abstención que sería dejarle las puertas abiertas a la politiquería y a la corrupción que han frenado el desarrollo y el bienestar del país.
En un contexto de emergencia moral y ética en la política, estas elecciones son la oportunidad de decidir entre los candidatos que representan la honestidad o la corrupción. Cuando el país va a elegir 32 gobernadores de departamentos, alcaldes para 1.102 municipios, diputados, concejales y ediles de Juntas Administradoras Locales, tenemos el deber de reconocer y apoyar a aquellos aspirantes que practican una visión digna de la política. Incluso cuando se multiplican ataques personales que con engaños y falsedades distorsionan la imagen de los candidatos renovadores y motivados por el servicio público, los electores consecuentes con creencias y valores democráticos debemos estar por encima de la información manipulada y votar por aquellos que plantean trabajar por el bienestar común, proteger la democracia e impulsar los cambios que necesitamos.