La corrupción es definitivamente el mayor problema que enfrenta nuestro país. Los billones de pesos que se roban personas inescrupulosas, que por satisfacer su avaricia no tienen inconveniente en dejar a niños sin alimentación o pacientes con cáncer sin tratamiento. Este flagelo claramente no es nuevo. Está enquistado en nuestra sociedad desde la formación como nación.

El problema más allá de ser un tema ético, responde a la forma como está concebido el funcionamiento de lo público. ¿Quién y cómo se regulan las actuaciones de los funcionarios cuando administran los recursos de la nación?

El aparato jurídico y de control, que en teoría blinda los recursos públicos, es una maraña de entidades conocidas popularmente como las ías; Personería, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Estos organismos que son del orden nacional, departamental y municipal cuentan no solo con recursos millonarios, sino que además tienen independencia en sus actuaciones y decisiones. En el caso de las contralorías y personerías municipales, estas reciben el 1,6% de los ingresos corrientes del municipio. Algo así como 56 mil millones de pesos para cada una en el caso de Cali. El orden departamental no es diferente, a la contraloría departamental le corresponde el 1,2% de los ingresos del departamento.

Estos recursos que en teoría están destinados a evitar la corrupción, se han convertido en botines burocráticos y herramientas de presión política para distintos grupos. Estos organismos requieren de una reforma inmediata que evite el ser instrumentalizados como mecanismos de presión y se conviertan en verdaderas auditorias que disminuyan la corrupción, y den garantías procesales a los funcionarios públicos.

Hoy los contralores y personeros son elegidos en un proceso político por los concejos y asambleas. Han creado un denominado concurso que supuestamente adelantan universidades, pero que al final es solo un show que garantiza al concejo o asamblea que llegue una terna donde se encuentra el candidato que representa los intereses de esa colectividad.

Otra gran dificultad que tiene hoy el sistema de los órganos de control es el hecho de ser juez y parte. La contraloría y personería adelantan los procesos de auditoría y son estas mismas entidades las que proceden a sancionar. Es decir, es un sistema inquisidor donde el acusado no se puede defender frente a un juez independiente que garantice imparcialidad en el proceso.

Creo que estas organizaciones se deben reformar. Empezando por unir las contralorías con las personerías creando un único ente capaz de auditar los procesos y la ejecución administrativa. Un solo ente es más visible y debe ser más eficiente en la cacería de los corruptos. También considero que el proceso de selección de la cabeza de este organismo debe retornar a como era anteriormente, donde el tribunal postulaba una terna y el concejo o asamblea seleccionaba, lo cual mejora el nivel técnico de los candidatos. Por último, se debe modificar el momento de la elección, tratando que se realice unos meses antes de la elección de alcalde o gobernador. De esta forma se escogería la persona encargada del control de los recursos públicos sin saber quién los va a ejecutar, logrando algo de independencia.

La corrupción hay que acabarla en nuestro país antes de que ella acabe con lo que tenemos. Con el sistema que contamos hoy solo estamos perpetuando y garantizando actuares corruptos. Debemos propiciar un cambio ya en este sistema de control inútil.