“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Dicha por Einstein, es una frase que ya hace parte de la cultura popular. Y claro que tiene todo el sentido, la sensatez.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar cosechas de coca a campesinos en el Cauca ha suscitado un intenso debate sobre la política antidrogas en Colombia. A primera vista, esta iniciativa puede parecer un intento innovador de abordar un problema que ha atormentado al país durante décadas. Análisis más profundos revelan varios desafíos que podrían obstaculizar su efectividad y, potencialmente, abrir la puerta a un camino hacia una oculta legalización de las drogas.
Uno de los problemas más inmediatos es la posibilidad de que esta estrategia genere incentivos perversos. Al ofrecer un comprador garantizado para las cosechas de coca, el gobierno podría estar, sin quererlo, incentivando a más agricultores a cultivar coca. Después de todo, si el negocio de la coca se vuelve más atractivo que el de la yuca, ¿quién podría resistirse? Es como si el gobierno estuviera diciendo: “¡Siembra coca y que nosotros nos encargamos de tu futuro!”. Y aquí estamos, esperando el anuncio de que la coca será el nuevo superalimento de Colombia. ¿Hará parte de una nueva fórmula para la bienestarina del cambio?
La gran pregunta es: ¿Qué hará el gobierno con la coca adquirida? Sin un plan claro sobre cómo se utilizarán esas cosechas, la propuesta queda en el aire. Podría parecer una medida aislada, sin un soporte sólido en términos de desarrollo rural o alternativas económicas. Es como poner una curita sobre la herida de un balazo: puede que parezca que estás haciendo algo, pero el problema sigue sangrando.
La viabilidad de esta propuesta depende también de la sostenibilidad económica a largo plazo. Para que los campesinos abandonen la coca y opten por cultivos legales, el gobierno tendría que invertir significativamente en infraestructura, educación y asistencia técnica. Sin estas inversiones, el ciclo de dependencia del narcotráfico podría reanudarse rápidamente.
También es crucial considerar el impacto que esta propuesta podría tener en la dinámica del narcotráfico. Si el gobierno no logra desmantelar las estructuras de poder de los grupos armados que controlan el tráfico de drogas, la simple compra de hoja de coca no cambiará el escenario. En este juego de ‘compra coca’, podríamos estar dando más poder a quienes ya tienen el control. Finalmente, ya sabemos que acá aplica eso de que ‘hecha la ley, hecha la trampa’.
La propuesta, aunque ambiciosa, también plantea la inquietante posibilidad de que estemos dando pasos hacia la legalización de la producción y consumo de estupefacientes. Al tratar la coca como un producto a ser comprado y legitimado, el gobierno podría estar, sin querer, allanando el camino hacia un debate más amplio sobre la regulación de las drogas en Colombia. Si es de esta forma, valdría la pena decir las cosas de frente y apostarle a hacer las cosas desde la estructuración y no desde tirar piedritas al río a ver qué tanta onda hace. Acá es donde actuar distinto sí puede traer resultados diferentes.
Finalmente, y más que la droga sola, es la mafia, el control territorial y su inmenso lucro los factores que han hecho de la droga el inmenso cementerio y pasarela de muerte. El alcohol, la nicotina, los vapeadores y demás vicios, también son drogas pero social y legalmente aprobadas. Alucinar siempre ha tenido y tendrá su costo.