En los más diversos escenarios territoriales, pero especialmente en los rurales y apartados, se argumenta que la violencia y la inseguridad de los ciudadanos se debe a la falta de control estatal de los territorios ya que allí domina la criminalidad organizada. Esto se ha puesto de presente, últimamente, con las actividades del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Pero este argumento, se puede generalizar y hace parte del diagnóstico en territorios cercanos a las grandes ciudades colombianas, por ejemplo el Norte del Cauca y Cali. Incluso es válido también para pensar los temas de inseguridad dentro de las grandes ciudades.

El fin de semana pasado se desarrolló un operativo de envergadura en Bogotá para recuperar todo un barrio que se había convertido en un nuevo Bronx, sin autoridad alguna. En pocas palabras, es cierto que el Estado no domina el conjunto del territorio y que muchos de sus ciudadanos viven condiciones de inseguridad inaceptables por esta razón. Se requiere una política de seguridad y la del Gobierno no es clara aún. Se informa que hay en curso un proyecto de seguridad nacional, a cargo del Ministerio de Defensa. Este tema es de la mayor importancia para Colombia, tal vez mayor que la de varias propuestas que cursan en el Congreso.

En la formación de los Estados nacionales modernos, hay una tendencia estructural que varía según las circunstancias de los diferentes países, según la cual se asiste progresivamente a un monopolio estatal de las armas, por parte de los Ejércitos del Estado nación que se ocupan de la seguridad del territorio, especialmente frente a otros Estados nacionales, con los cuales puede aliarse o competir. Pero surge entonces el tema de la seguridad interna de los ciudadanos y para esto surgen y se desarrollan los cuerpos de Policía. Colombia es el caso típico de un híbrido en el que las Fuerzas Militares y de Policía se diferencian tenuemente, ambas se organizan dentro del Ministerio de Defensa y están fuertemente centralizadas unas y otras.

En algunos pronunciamientos, el presidente Petro ha mencionado la necesidad de una política de ‘Seguridad Humana’. Este es un concepto trabajado desde la ONU que es novedoso e interesante, pero hace más complejas las cosas: incluye, además, la seguridad a partir de la relación que se establece con el medio ambiente y todos los problemas que de allí se derivan para la sobrevivencia de las poblaciones.

Ateniéndonos al debate clásico más conocido y ya mencionado, sí creo que es pertinente distinguir el papel de las Fuerzas Militares, cuerpo centralizado, alrededor de los temas de la Seguridad Nacional y el territorio, del papel de la Policía que tiene por objetivo la Seguridad Ciudadana y que requiere, en mi consideración, una forma de representación descentralizada, en el nivel municipal. Queda un cierto vacío para una Gendarmería o Policía Rural que podría organizarse en la instancia departamental.

Es claro que se trata de problemas complejos que requieren estudio y debates de fondo, pero no sabemos cómo los conceptualiza el Gobierno del presidente Petro y tampoco los demás gremios y organizaciones de la sociedad civil. El tema de la guerra y la paz negociada será cada vez menor en Colombia, no así el tema de la criminalidad y la convivencia. El 75% de la población es urbana. Gran parte de los homicidios del país no son el producto de confrontaciones armadas. La ciudadanía reclama seguridad y para ello se requiere un cuerpo policial que tenga credibilidad y legitimidad por sus prácticas y resultados. En territorios específicos, la ciudadanía requiere saber quiénes son sus policías y cómo actúan.