En su posesión el 7 de agosto de 2022, el presidente Petro prometió “un gran acuerdo nacional”. Un acuerdo pluralista que favoreciera el diálogo y la concertación. Pero antes de concluir el primer año de gobierno la esperanza de alcanzar consensos se había esfumado, la agenda legislativa había quedado casi que bloqueada, las expectativas se quedaron sin cumplir y el tono volvió a ser el de la confrontación. La propuesta regresó el pasado 20 de julio en el inicio de una nueva legislatura. Luego se volvió a repetir el 7 de agosto. La realidad es que dicha propuesta ha estado más en las palabras que en decisiones tangibles.

Es indiscutible que hacer concesiones es parte de todo proceso de concertación. Esto implica que el gobierno también debe demostrar que está dispuesto a ceder. Significa que debe dejar atrás la actitud intransigente que han demostrado algunos ministros en las dos últimas legislaturas. Estos últimos llamados del Ejecutivo deben ser aprovechados para que existan espacios de diálogo que sean realmente efectivos. Los gremios y los empresarios mantienen su interés en participar en conversaciones productivas y siguen planteando propuestas con ánimo constructivo.

El Presidente estuvo durante un tiempo dedicado a atacar la empresa privada, la cual fue víctima de una satanización en los discursos del mandatario. Resulta injusto ese comportamiento cuando son muchos los empresarios que con su trabajo no han permitido que la economía entre aún en recesión, además de crear miles de empleos. Este desprecio por la empresa privada resulta especialmente ilógico e incomprensible cuando el peligroso discurso populista presidencial se ensañó con el sector privado al mismo tiempo que planteaba un diálogo nacional.

El insistir en la necesidad de un “gran acuerdo nacional” por un lado, pero escalar el lenguaje en contra no solamente de la oposición sino de cualquier contradictor, es lo que ha marcado la agenda del gobierno. Sorprende entonces que el pasado 20 de julio el presidente Petro haya vuelto a hablar de tender puentes con otras fuerzas políticas y sectores del país, a propósito de las dificultades que afronta su gobierno. Como en varias de las propuestas del presidente, no se va más allá de la formulación general. No se precisa con quiénes se haría el acuerdo y tampoco ha dicho para qué es el acuerdo. ¿Es solamente para pasar la agenda legislativa social del gobierno?

La incongruencia es que, mientras el mandatario habla de un acuerdo, él mismo o alguno de sus ministros tratan mal a los gremios, a las EPS, a los medios de comunicación, al sistema financiero, a las compañías de energía, entre otros. Además de casar peleas con empresas. Por todas sus provocaciones, no suena sincera la intención de dialogar del presidente. El “gran acuerdo nacional” suena más como una invitación a que el país le dé la razón en todo a Petro.

Las dificultades para lograr un acuerdo pasan también por dos factores: los temas a tratar y qué tanto ceder. El acuerdo no puede ser solo para sacar adelante las ideas de Petro, quien está en deuda de explicar el alcance del acuerdo que hasta ahora está solo en una promesa. Pareciera que no hay un genuino interés en concertar.

El Presidente enfrenta el reto de materializar su llamado al “acuerdo nacional” con acciones que ratifiquen su compromiso. Construir un acuerdo debe pasar por hablar entre diferentes y no será posible sin capacidad de escuchar. La discusión de las reformas del gobierno a partir de febrero en el Congreso, constituye una oportunidad propicia para demostrar esas necesarias concesiones.