¿Qué pasa cuando la protección de biodiversidad entra en conflicto con derechos o necesidades de particulares? No es una pregunta retórica, sino que es la cuestión que está detrás de los paros de mineros en Caldas y Antioquia, así como de los campesinos y mineros del páramo de Santurbán.

No es una pregunta fácil de responder. Todos estos campesinos derivan sus ingresos y viven de actividades, legales e ilegales, que afectan ecosistemas frágiles o que son indispensables para la conservación de fuentes de agua. El mismo dilema se enfrenta cuando colonos talan bosques en la Amazonía para sembrar coca porque es la única fuente de ingresos que tienen para alimentarse en regiones afectadas por la violencia y la falta de oportunidades laborales.

Para los campesinos y mineros es una cuestión de supervivencia, pero también lo es para los millones de colombianos que dependen del agua de los páramos, como es el caso de las ciudades y poblaciones aguas abajo de Santurbán. En el mediano plazo, también está en juego la supervivencia de toda la humanidad que depende de la biodiversidad para subsistir. ¿Cómo resolver el dilema?

El punto de partida es reconocer que la protección de biodiversidad no es gratis, que cuesta mucho dinero y que alguien tiene que ponerlo. Para resolver el dilema es fundamental que las políticas de conservación incluyan incentivos económicos efectivos, pues la conservación de la biodiversidad no puede lograrse sin tomar en cuenta las necesidades de los campesinos.

En Colombia, se han planteado soluciones para generar ingresos sostenibles, como los pagos por servicios ambientales y los programas de desarrollo alternativo, pero han sido insuficientes, en parte por mala ejecución, pero sobre todo por falta de recursos. En 2024, el presupuesto asignado a la protección de la biodiversidad en Colombia representa menos del 0,5% del PIB, una inversión insuficiente si se considera la presión que soportan los ecosistemas, el costo que representa la restauración de ecosistemas degradados y la necesidad de alternativas reales para los campesinos y mineros. Con las actuales afugias presupuestales no hay como asignarle más recursos al medio ambiente.

En la COP16 se están buscando compromisos de movilización de recursos internacionales para financiar la conservación de la biodiversidad como los Pagos por servicios ecosistémicos, que según la FAO podrían generar hasta US$ 2000 millones anuales para América Latina, o el Fondo Verde para el Clima que aspira canalizar hasta US$ 100.000 millones para apoyar proyectos de mitigación y adaptación. Colombia debe aprovechar esta oportunidad, pero para ello debe presentar proyectos bien estructurados, con resultados medibles en términos de conservación o restauración de ecosistemas.

Adenda 1: Cualquier solución que se busque para los derechos de campesinos y mineros debe partir del respeto a los derechos del resto de los colombianos, a los que no pueden someter a bloqueos que les impiden trabajar, o cortan el suministro de alimentos a las ciudades.

Adenda 2: Las víctimas de un cura abusador merecen justicia y reparación. Lo que no es aceptable es que, diez años después de muerto el pederasta, la busquen inculpando a una persona como el jesuita Francisco de Roux -que ha dedicado su vida a defender a todas las víctimas- por no haber denunciado a la fiscalía al victimario, máxime cuando las víctimas y sus familias estaban obligadas a denunciarlo y no lo hicieron.