Bloquearon el país cuatro días y nada pasa. El Presidente, envalentonado en un inicio, terminó tragándose sus palabras incendiarias reversando la medida. Las vías de hecho son el mecanismo más efectivo para lograr algo en el país. El primer punto del acuerdo es pedir el archivo de los procesos penales, a lo que la Fiscal de bolsillo seguro accederá. Los campesinos que perdieron sus cosechas y quienes se vieron perjudicados, de malas.
Qué decir de los indígenas millonarios del Cric, que obstruyen la Panamericana cada que les viene en gana, o los Embera que se tomaron un año el Parque Nacional en Bogotá. La etnia convertida en patente para violar la ley; para invadir tierras, para convertirse en autoridad ambiental, que les giren más recursos, y afianzar su para-Estado. El resto, los ‘blancos’ y los ‘café-con-leche’, e incluso algunas comunidades afro, lo siento, no existen.
Días antes cuatro criminales detenidos por el Ejército (cuando se movilizaban en siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección -del Gobierno- armados hasta los dientes y con $60 millones en efectivo) han recuperado la libertad al ser nombrados Gestores de Paz. Ya habían soltado a siete de once que iban ‘protegidos’. Mientras tanto, el cierre de un restaurante ‘de ricos’ por un accidente laboral se presenta como símbolo -como un trofeo -de la aplicación de la ley.
Fueron sí, privados de la libertad Snyder Pinilla y Olmedo López, los operadores de la organización criminal que montó el Gobierno a través de la Ungrd. ¿Y los otros? ¿En qué va la investigación a Carlos Ramón González? Del ministro Bonilla sí se sabe: anda proponiendo subir impuestos para financiar más burocracia y corrupción para aceitar la elección del 2026. Debió renunciar y no escudarse en el cargo para eludir su responsabilidad en los hechos.
El Presidente viola los topes electorales, que daría para ser enjuiciado y removido del cargo, y nada le pasa ni pasará. “No lo convirtamos en víctima, que termine el período”, dicen muchos, pese a las pruebas del Consejo Nacional Electoral. La ley, no importa. Se dilatará el proceso hasta que se archive por términos, y guardar cara. Qué decir de los $15.000 millones de Benedetti y Sarabia y de los dineros del hijo no criado del emperador: se saldrán con la suya.
Dos países, el de los vivos y el de los pendejos; el de quienes violan la ley y nada les pasa, y el de quienes la cumplen y tienen encima a toda hora a las entidades del Estado; el de quienes secuestran y asesinan para imponer su visión idílica de sociedad y el de quienes acuden a la vía democrática; el de quienes paralizan el país y quienes sufren la parálisis; el de los que esquilman el erario y el de quienes lo sostienen a través de los impuestos.
¿Es necesario empuñar un arma para ser tenido en cuenta? ¿Qué los propietarios de vehículos particulares se organicen y bloqueen las vías para que reduzcan el precio de la gasolina? ¿Convertirse en víctima de un ‘golpe blando’ para que no le apliquen la ley de topes electorales? ¿Ser narcotraficante para que la Unidad de Protección lo ‘proteja’ del Ejército o indígena para violar la ley? ¿Integrar el Cric para atropellar a los demás y andar en camionetas 4X4?
¿Dónde queda el artículo de la Constitución que dice que los ciudadanos somos iguales ante la ley? ¿Dónde están las instituciones responsables de hacer cumplir la ley? ¿Dónde los ciudadanos que quieren este país y vivir en él y que con su silencio, indiferencia, o por sentirse impotentes o no saber qué hacer, se petrifican? ¿Cuándo diremos basta a quienes hoy destruyen a Colombia? Nos merecemos un mejor país, uno en el que la ley se respete y aplique sin distingo, en el que la autoridad se ejerza y no gobierne el crimen.