América Latina vive una compleja situación por el creciente poder de la delincuencia organizada transnacional. Ecuador es uno más en la lista de países donde las instituciones democráticas y la población sufren ataques de grupos criminales del narcotráfico y otras economías ilegales que operan como redes supranacionales. Las escalofriantes imágenes de hombres armados que irrumpieron violentamente en una transmisión en vivo del noticiero del Canal TC de Guayaquil y los hechos posteriores, incluido el asesinato del fiscal que investigaba ese delito, demuestran el reto de ese país y el presidente Noboa al enfrentar las bandas criminales.
La ONG Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional afirma que el Ecuador se ha convertido en pocos años en una superautopista de la cocaína a gran escala donde mafias y cárteles extranjeros asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico. La ministra de Gobierno de ese país ha cuestionado “pactos” y actitudes de gobiernos anteriores que fueron laxos con grupos criminales.
Los hechos de Ecuador se suman a afectaciones en Colombia, México, Honduras, Paraguay, Venezuela, Guatemala, El Salvador, entre otros países víctimas de la violencia y el terror de las redes del delito. Ante esa realidad, los Gobiernos de la región no pueden seguir operando con una visión individualista y dominados por giros ideológicos que impiden que se apliquen políticas de largo plazo coordinadas, coherentes e integrales.
Hace unos días en Davos (Suiza) el presidente Petro anunció que Bogotá será sede de una nueva conferencia internacional de políticas antidrogas y que el tema principal debería ser las bandas multi-crimen y multinacionales. Importante aprovechar la ocasión para abrir una discusión objetiva alrededor de un fenómeno que debe enfrentarse como región, pues ningún país aislado podrá erradicarlo.
Esperamos que ese escenario no termine en la improductiva discusión sesgada de la descriminalización pura que no aborda el problema en sus distintas dimensiones. En Colombia, cuando por distintos argumentos se debilitó la erradicación forzada sin haber aplicado marcos de desarrollo rural y justicia, sobrevino la explosión de cultivos ilícitos y violencia en distintas zonas. En México, la llamada política de “abrazos y no balazos” no ha logrado reducir la inseguridad en ese país.
Es claro que una visión integral incluye políticas de salud pública para prevenir y responder frente al consumo que aumenta notablemente, atenta contra el bienestar y alimenta la inseguridad derivada del microtráfico local. También comprende el desarrollo alternativo en zonas controladas por los delincuentes, para que esas regiones encuentran opciones productivas legítimas. Pero como estamos ante grupos transnacionales sofisticados involucrados con redes de corrupción, lavado de activos, tráficos ilícitos de todo tipo y hasta con intereses políticos, es vital el fortalecimiento de la justicia, la protección de jueces, víctimas y fiscales, y la aplicación de la ley para perseguir los recursos financieros ilícitos. Desarticular esas organizaciones implica también reforzar la cooperación internacional con acciones conjuntas de policía, intercambio de información y extradiciones –sin caer en deportaciones unilaterales que solo trasladan el problema de un país a otro sin asegurar sentencias–. Las políticas penitenciarias deben asegurar que los condenados cumplan objetivos de resocialización, pero al mismo tiempo deben apoyar la seguridad y evitar que las cárceles sean centros operativos de las bandas.
Es de esperar que el anuncio de Petro se convierta en una oportunidad para que los Gobiernos definan acciones concretas sin caer en los populismos de izquierda ni de derecha. En línea con tratados y acuerdos internacionales, es urgente que América Latina y el Caribe asuma su responsabilidad compartida y adopte estrategias de seguridad, desarrollo, salud y derechos humanos eficaces y realistas para enfrentar el problema mundial de las drogas que asedia a nuestras democracias.