Con motivo de la realización exitosa de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, COP16 que se está realizando en Cali, capital de la región Sur Pacífico colombiano, bajo la presidencia de la Ministra de Medio Ambiente de Colombia Susana Muhamad, es bueno recalcar que cuando hablamos de los temas ambientales, tal como lo mandata nuestra Constitución Nacional, nos referimos a los derechos que tenemos todas las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y sostenible y, por supuesto, del deber de defender y proteger ese medio ambiente.
Lo anterior demanda de las personas de todos los sectores sociales y políticos, saber trabajar unidos en la diferencia, a nivel nacional e internacional, contra las personas irresponsables que por sus afanes de lucro personal o institucional vienen contaminando las fuentes de agua potable y las ciudades con el humo de las chimeneas y de los vehículos automotores; permiten la tala de bosques la muerte de la fauna silvestre y son permisivos o cómplices con muchas otras actividades contra la vida, como la existencia de grupos armados ilegales, muchos de ellos al servicio del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades relacionadas con la muerte.
En tal sentido, considero importante que a nivel de Colombia, empezando por el Valle del Cauca, Cali y los otros departamentos, a iniciativa de los gobernantes, se desarrolle una política de responsabilidad social ambiental, en la cual se procure la participación de los gremios empresariales, de las organizaciones sociales y étnicas, de las instituciones educativas y científicas, de los medios de comunicación, como también de los diversos organismos internacionales con presencia en Colombia, a fin de trabajar en defensa del derecho de la gente a tener un medio ambiente sano y sostenible como parte de la lucha por la defensa de la vida. Sobre ese particular, es bueno destacar como un hecho positivo, el compromiso reciente y concertado con las organizaciones sindicales de los trabajadores donde los empresarios azucareros se comprometieron a suspender las quemas reguladas de los cultivos de caña de azúcar.
En esa misma perspectiva sería bueno que los candidatos y candidatas a la presidencia de la República de Colombia, en el 2026, y todos los partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria, acojan como parte de sus nortes éticos y programas, las conclusiones y recomendaciones de la COP16.
Como la COP16 termina el próximo 1 de noviembre, a fin de que sus conclusiones y recomendaciones no se queden en los archivos de las Naciones Unidas y menos en estrategias comunicacionales de carácter propagandístico tanto del gobierno nacional como de los gobiernos del Valle del Cauca o de Cali, sería positivo para bien de la democracia que dichos gobiernos, empezando por el gobierno nacional, socialicen con los gobernadores departamentales, alcaldes municipales y comunidades urbanas y rurales, bajo la figura de que ‘todos ponen’, una política de diálogo social alrededor de las determinaciones de la COP16 en cada municipio, barrio o vereda de Colombia a fin de que tengan continuidad una vez concluida dicha Conferencia y podamos decir en el futuro que “Colombia tiene una política de Estado en materia de derechos y deberes ambientales”, requisito indispensable para incidir a favor de la construcción de un pacto mundial de paz con la naturaleza y la vida.