Un país cuya economía va relativamente bien. Los indicadores así lo reflejan: los resultados de crecimiento: 10,3% (2021), 3,8% (2022), 4% (2023) y de 3,5% (2024 proyectado). Mientras que la inflación, como en todos los países, ha aumentado, pero está en vías de control: 4,9% (2021), 10,5% (2022), 8,9% (2023) y 5% (2024 proyectado). Un desempleo del 7,5% (2022). Y con una balanza de pagos con superávit el año pasado y se proyecta también positiva para este año. Como se puede ver, la situación es bastante equilibrada, aunque políticamente el país se esté hundiendo en una pavorosa dictadura. Esta es Nicaragua. Seguramente esta situación le ha dado al régimen más libertad en el campo político para abusar del poder y restringir las libertades ciudadanas.
La Iglesia Católica en Nicaragua está sintiendo en carne propia una de las mayores persecuciones que se tenga noticia en América Latina contra una religión. Y no se han salvado los obispos, ni los curas, ni las monjas, ni los laicos. En efecto, el obispo Rolando Álvarez estuvo más de un año en la prisión, y luego de amplias negociaciones con el Vaticano lo expulsaron del país. Todos han sido objeto de la más siniestra y horrorosa persecución por parte del Gobierno de Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua.
La persecución se ha ido endureciendo con el paso de los meses, y comenzó a escalarse de manera preocupante luego de las tensiones generadas por el autoritarismo de Ortega y su esposa la vicepresidente, Rosario Murillo, contra las manifestaciones estudiantiles. Muchos de ellos vieron suspendidos sus estudios al quedarse sin universidad. La censura generalizada, la acción violenta de organismos del Estado y paramilitares han mantenido amedrentada a la población. Las presiones sobre la ciudadanía se han convertido en insufribles. Solo hablan en voz alta los que se encuentran en el exilio, porque los que están en el territorio prefieren mantener un perfil bajo por las condiciones tan difíciles en que les ha tocado vivir debido a la vigilancia del régimen, que tiene controlado el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que además tienen un aparato represor paramilitar para el ‘trabajo sucio’. Solo las denuncias a nivel internacional son las que tienen eco. ¿Cuál ha sido la voz del sector privado?
Y no se han librado de la represión del dictador ni los Jesuitas que les fue expropiada la Universidad Centro Americana (UCA) sede Managua y les confiscaron bienes de la Compañía de Jesús al cancelarle su personería jurídica. Ni tampoco se han salvado las hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta que les quitaron las obras sociales que realizan, dejando algunos sectores rurales sin la asistencia que prestaban. Sacerdotes y Obispos han sido falsamente acusados por el régimen.
Ortega, con la persecución contra la Iglesia Católica, se está comportando peor de como lo hacía en su momento Anastasio Somoza, el dictador que tumbó la revolución. Por ello, para los miembros de la Iglesia Católica que no se han arrodillado frente el régimen de Ortega-Murillo les queda una de tres: el cementerio, la prisión o el exilio, si quieren seguir defendiendo la dignidad humana de un pueblo que está subyugado por una de las peores dictaduras.
Las democracias hay que cuidarlas, hay que propiciarlas y defenderlas. Los autoritarismos hay que detenerlos desde el comienzo, luego puede ser muy tarde.