El sistema democrático contemporáneo se sostiene sobre la premisa de la igualdad de participación ciudadana: una persona, un voto es la frase que sintetiza el principio del sufragio igual, pero que en una verdadera democracia de ir de la mano con el otro principio del voto libre. Estos principios cada vez se ven más debilitados por la entrada de multimillonarias cifras de dineros privados a las campañas electorales.

En principio, la financiación de campañas es esencial para sostener las plataformas políticas y conectar a los candidatos con el electorado. Sin embargo, cuando las donaciones de grandes magnates y corporaciones definen el rumbo de la política, el equilibrio se rompe. Cuando los candidatos, urgidos de recursos, priorizan los intereses de sus donantes más ricos, se pierde la confianza pública: el ciudadano común percibe que su voz se diluye frente al eco de las contribuciones millonarias.

En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen, son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos. Sin embargo, estos casos son minúsculos frente a lo que pasa en Estados Unidos (EE.UU.), donde se puede gastar y recibir sin límite.

En efecto, mientras en Colombia los topes de gasto en las dos vueltas de la última campaña presidencial fueron de unos 11 millones de dólares por candidato, en la actual campaña en EE.UU. se estima que Kamala Harris y Donald Trump se van a gastar US$6000 millones, un poco menos de lo que se gastó en la campaña de 2020 entre Biden y Trump (US$6370 millones), pero más del doble de lo que se gastó en 2016 (US$2390 millones).

Pero esta astronómica cifra es menos de la mitad de lo que se está gastando en todo el proceso electoral, incluyendo las campañas para el congreso, que a mediados del mes de octubre ya reportaban gastos por US$15.900 millones. El problema es: ¿De dónde viene esa inmensa cantidad de dinero?

Todo es de donantes privados. Aunque en teoría las personas naturales y las empresas están muy limitadas para hacer aportes directos a los candidatos, pues no pueden donar más US$6600, en la práctica esos límites no funcionan, pues también pueden aportar a través de los Comités de Acción Política (PAC) que respaldan a un partido o un candidato.

Lo que es peor es que en 2010 una sentencia de la Corte Suprema determinó que cualquier restricción al financiamiento de campañas electorales es una forma de censura y, por lo tanto, inconstitucional. A partir de allí se crearon los Súper PAC a través de los cuales las personas y las empresas pueden hacer aportes ilimitados para gastos de campaña.

El caso más alarmante de incidencia de los multimillonarios en las campañas es el de Elon Musk, quien ha aportado US$140 millones a la campaña de Trump, está comprando votos descaradamente y ha puesto la red social X de su propiedad a difundir las mentiras y los mensajes de odio de este candidato. Pero no es el único, solo los 150 mayores donantes han aportado US$3650 millones, de los cuales el 75 % ha sido para candidatos republicanos. Su expectativa es que les retribuyan eliminando regulaciones a sus monopolios y bajándoles los impuestos. Poderoso caballero es don dinero.