El día de ayer el fiscal de la Corte Penal Internacional -CPI- solicitó a la sala de cuestiones preliminares emitir órdenes de captura contra tres terroristas líderes de Hamás, Yaya Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniya y control el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Galant, ambos en cabeza de un gobierno democrático.

Para una Corte que desde su creación en 2002 ostenta muy pocos resultados y que, por el contrario, se ha convertido en un costoso elefante blanco, el anuncio del Fiscal británico Karim Khan es osado y temerario, buscando darle protagonismo a la Corte metiéndola de lleno en el pantano del conflicto palestino-israelí en el cual podría hundirla sin remedio. Ni Bashar al Assad, presidente de Siria con sus más de 500 mil muertos a cuestas y destrucción de su país, ni el presidente de la junta de Myanmar, por mencionar apenas algunos han sido llamados a comparecer ante la Corte, mientras que Omar al Bashir, exdictador de Sudán, responsable del genocidio en Darfur, tiene una orden de captura desde el 2008 que no ha sido hecha efectiva.

La CPI, producto del Estatuto de Roma, ha sido ratificado por 124 Estados, entró en vigor en 2002. No son miembros de la CPI, Estados Unidos, China, Rusia, India, Israel y Turquía, entre muchos otros. La CPI es un tribunal de justicia subsidiaria que juzga individuos, no Estados y que tiene bajo su competencia cuatro tipos de crímenes: lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión. La Corte ha abierto 54 investigaciones, condenado a diez de una treintena de acusados que han llegado a sus estrados y una docena con orden de captura permanecen fugitivos.

El fiscal Khan, quien contrario a la tradición de la Corte decidió hacer el anuncio antes que las órdenes fueran ratificadas por la sala, quizás queriendo quitarse la presión de actuar de encima y lanzándosela a los jueces, se disparó en el pie buscando aparecer equilibrado, al incluir en la misma lista a los líderes de una organización terrorista cuyo objetivo declarado es la destrucción del Estado de Israel, es decir genocidio, con los líderes electos de un gobierno que reaccionó en legítima defensa, reconocido por Khan, tras la masacre de octubre 7.

Quedan sembradas las dudas de la jurisdicción para emitir órdenes de captura contra ciudadanos de un Estado que como Israel no hace parte de la Corte y que tiene un sistema de justicia independiente, siendo el mandato de la Corte subsidiario. Sin embargo, hace poco más de un año la CPI emitió orden de captura contra Vladímir Putin por el secuestro de centenares de niños ucranianos, sin que Rusia sea miembro de la CPI. De igual manera, la Corte ya había dictaminado que tiene jurisdicción sobre posibles crímenes en Gaza, pues el Estado de Palestina ha sido admitido como miembro.

Habiendo dado el golpe mediático, aprovechando la caja de resonancia única que es Israel para esos efectos, habrá que esperar el dictamen de la sala de cuestiones preliminares. Sin embargo, el fiscal se lanzó en un asunto altamente divisivo, esperando que el paracaídas se abra y le evite un aterrizaje forzoso.

La Sala, que no tiene plazo perentorio para fallar, tiene un abanico de opciones. Puede ratificar las órdenes de captura, tal cual fueron formuladas por el fiscal, desestimarlas, agregar o eliminar sujetos, imponer o reducir los cargos. De ser emitidas las órdenes en el caso de Israel, la Corte podría remitir los casos a la justicia local si se convence de que esta es lo suficientemente independiente para tramitarlos.

Si no hubiera habido ataque el 7/10 contra Israel, no habría guerra en Gaza y nada de esto estaría pasando.