La evasión del pago de multas de tránsito es una costumbre arraigada en Cali, como lo demuestran las deudas por un billón de pesos que los infractores acumulaban con la ciudad al comenzar este 2024. Por eso, no extrañan los descubrimientos hechos en la Secretaría de Movilidad sobre exoneraciones ilegales de comparendos, procesos que involucran a funcionarios públicos. Acabar con esa corrupción es una obligación para la Administración caleña.

Luego de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, en un trabajo articulado con la Alcaldía y con la dependencia de tránsito local, ayer se anunció la captura de tres empleados de esa Secretaría. Un aumento injustificado del 150% en las dispensas a las multas de tránsito durante los tres primeros meses de este año, puso en alerta a las autoridades municipales, que pidieron la intervención de los entes de control.

Según los resultados, 50.000 casos de comparendos habrían sido exonerados a través de procesos irregulares en los primeros meses de este año, 15.000 de ellos en mayo, lo que conformaría un grave caso de corrupción. Lo que ocurre no es, sin embargo, nada novedoso para una ciudad que por lustros no hizo lo que le correspondía para obligar al pago de las multas de tránsito y donde además es fácil encontrar quién ‘trámite’ una rebaja o la desaparición de las deudas por concepto de infracciones vehiculares. Basta recorrer los alrededores de la sede de Movilidad, para entenderlo.

El problema comienza con la falta de orden y autoridad en la que se sumió la capital del Valle desde tiempo atrás. Por todos es bien conocido que la capital del Valle estuvo al garete en los cuatro años de la anterior administración municipal porque quienes debían garantizar el cumplimiento de las normas, que solo buscan proteger a los ciudadanos, brillaron por su ausencia. Por ello las vías caleñas se convirtieron en tierra de nadie y las leyes de tránsito en rey de burlas, al igual que el pago de las multas.

Se debe reconocer el trabajo realizado en este primer semestre, desde la llegada de la actual Alcaldía, para recuperar la autoridad. Nada fácil en una urbe donde a la semana se cometen en promedio mil contravenciones de tránsito. Es la primera vez, por ejemplo, que hay un plan para el cobro de la cartera morosa acumulada por los infractores, superior al billón de pesos, a través de embargos de cuentas bancarias y bienes de los implicados.

Ahora es de esperar que con los hallazgos de los entes de control y de la Fiscalía, se desmantele la organización interna que promovía la evasión del pago de los comparendos. Y de paso que se persiga a quienes tanto dentro como por fuera de la Secretaría de Movilidad, convirtieron en un negocio tan ilícito como rentable no cancelar sus deudas por infracciones.

Además de significar un castigo para quienes incumplen las normas de tránsito, las multas de tránsito representan unos ingresos importantes para la ciudad, que permiten tener recursos para reinvertir en el financiamiento del sistema de transporte masivo, en planes de movilidad o en programas de seguridad vial.