El domingo 29 de octubre del presente año, en Colombia, elegiremos gobernadores en 32 departamentos, alcalde en Bogotá D.C. y alcaldes municipales en 1102 municipios para un periodo de 4 años, a partir de 1 de enero de 2024. Igualmente, centenares de diputados departamentales y miles de concejales y ediles municipales. Todos ellos, hombres y mujeres, conformarán las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales, organismos independientes del poder ejecutivo a nivel local, regional o nacional.
Es bueno anotar que la función constitucional más importante de las asambleas departamentales y concejos municipales es la aprobación de los presupuestos y planes de desarrollo, el seguimiento y el control a los programas de los respectivos gobiernos.
A partir de mi experiencia como gobernador del Valle del Cauca, elegido en octubre de 2003 con más de 700 mil votos, considero que ese mandato popular, propio de la Democracia, conlleva obligatoriamente al Presidente de la República y a los gobernadores departamentales a procurar siempre el diálogo social con alcaldes y la firma de acuerdos y compromisos en favor de la población. La clave radica en cumplir con el 100% de los acuerdos, para lo cual es muy importante encontrar los mecanismos de seguimiento y control a cada uno de los compromisos con los gobiernos regionales, municipales y la población urbana y rural.
Lo anterior significa que tanto el gobierno nacional como los gobernantes regionales y locales que salgan elegidos el próximo 29 de octubre, más allá de las coincidencias o diferencias políticas que tengan entre sí, o con el propio gobierno nacional, y si se piensa realmente en los beneficios democráticos de la población y no en intereses grupales, tienen el deber de trabajar de manera coordinada y articulada. En ese sentido, lo fundamental es saber decir ‘sí’ a lo que se puede cumplir y ‘no’ a lo que no se pueda hacer realidad.
Las personas votantes, como las no votantes, tenemos el derecho democrático de exigirle a todos los candidatos y candidatas, avalados por partidos políticos o por firmas de ciudadanos, que lo fundamental, ahora y luego si son elegidos, es tener Nortes Éticos, principalmente los relacionados con el respeto a los derechos humanos y democráticos; la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro y la violencia.
Recuerdo que una vez elegidos, son gobernantes para los que votaron o no votaron por ellos y, por lo tanto, deben evitar convertirse en expresiones de oposición al gobierno nacional o en trampolín político a favor de campañas en el 2026 para elección de integrantes del Congreso de la República o del próximo presidente y vicepresidente de la República.
Invito a todas las personas a votar en las elecciones locales y regionales del próximo mes de octubre por aquellos candidatos que nos garanticen respeto por el derecho a pensar y ser diferentes, la honradez y experiencia, pero, ante todo, que estén convencidos que la democracia tiene sentido si primero es la gente, empezando por los niños y las niñas.