Ahora resulta que el Gobierno, en los dos años que le restan -y que se sentirán eternos- quiere impulsar el ‘gran acuerdo nacional’, esta vez, para promover una Constituyente cumpliendo el camino institucional. Un giro del Presidente quien había denegado de ese mecanismo, reivindicando el poder omnímodo del constituyente primario. Un cambio de postura que algunos ingenuos celebran sin percatarse se trata de una celada.
El 19 de junio de 2022, día en que la Registraduría dio ganador a Gustavo Petro, anunció que convocaría a un gran acuerdo nacional, generando una expectativa positiva. Pronto se conoció que no era tal sino un pacto burocrático que a la postre reventó, indicando que ese ‘acuerdo’ no sería con los “oligarcas, esclavista y políticos de siempre”, sino con el pueblo que cree representar, hasta desembocar en el embeleco de la Constituyente.
Se llega así al reciente anuncio, por enésima vez, del ‘gran acuerdo’, esta vez incluyendo a los indeseables de antaño -empezando por los gremios- para lograr un consenso sobre “las reformas que necesita el país”. ¿Cuáles son esas reformas tan urgentes sin las cuales el país no logra subsistir? ¿Las que tienen en mente no solo Petro sino ‘Pablo Beltrán’ del ELN e ‘Iván Márquez’ de las Farc, los nuevos mayores entusiastas de la Constituyente?
Los temas planteados por el Presidente son tan generales como peligrosos: “reforma a la justicia, política y agraria”, “adaptación a la crisis climática”, “perdón social”, “garantía a la educación, salud y pensiones”, “nuevo ordenamiento territorial”. Caballos de Troya para estatizar, expropiar, prohibir la actividad petrolera, reorganizar el territorio según su conveniencia política, y elevar a rango constitucional la impunidad de sus camaradas.
La Constitución del 91, con sus 45 enmiendas, unas a retazos, es susceptible de mejorar, y sin duda muchos colombianos han elucubrado sobre los cambios que le introduciría. Pero, ¿es imperativo reformarla, a través de una Asamblea Constituyente, y liderada por un Gobierno que no genera confianza? Si se lograse un ‘gran acuerdo’ sobre unos puntos específicos, ¿por qué no tramitarlos por vía del Congreso a través de Actos Legislativos?
Los problemas del país no están en la Constitución. Creer que es así es una tara propia de repúblicas bananeras. Los países desarrollados se precian de tener ordenamientos jurídicos estables. La que tenemos no es perfecta, pero responde a un entendimiento político y social vigente, con más virtudes que defectos, y que la Corte Constitucional se ha encargado de afinar y hacer cumplir, aunque sus fallos no siempre agraden a todos.
Lo increíble es que más de uno se deje seducir por ese canto de sirena. No sorprende, de políticos que buscan reencaucharse a cualquier precio. Preocupa sí, cuál termine siendo la posición de los partidos independientes y algunos de oposición; que muerdan el anzuelo y terminen consintiendo, además, en convertir la Constituyente en el tema central de la próxima campaña. Un distractor cuyo principal beneficiado es el petrismo.
El Presidente sabe que fue elegido violando la ley, de lo desastroso de su gobierno e incompetencia probada del grueso de sus funcionarios, de cómo los problemas del país se agravan, que lleva la corrupción en sus entrañas, y que al paso que va su legado será una vergüenza. Colombia no necesita una nueva Constitución y menos una Constituyente. Necesita un gobierno decente, que una y lidere, y que combata por igual la pobreza y a los criminales. No podemos caer en tan evidente emboscada.