Mediante sentencias de agosto de 2019 y de octubre y noviembre de 2020, el Consejo de Estado le ordenó al Municipio de Cali devolverles a unos contribuyentes lo que les había cobrado por concepto de valorización por las 21 mal llamadas megaobras aprobadas durante la previa administración del actual alcalde de la ciudad.

Estas sentencias nacieron de los hechos que rodearon el cobro de unas obras en cuya aprobación se violaron todas las normas de orden nacional y municipal, y que se contrataron sin diseños ni presupuestos serios, mediante turbios mecanismos que buscaban obviar las normas de contratación estatal. Y no me sorprendieron porque, mediante el fallo de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se había pronunciado en igual sentido ante una demanda que yo había instaurado, y el Municipio ya me había hecho la devolución correspondiente.

Aunque estas sentencias dejan clara la ilegalidad de los cobros de los que fueron víctimas los caleños por las ‘21 MO’, ellas solo benefician a los demandantes. Y transcurrida más de una década desde que se establecieron los cobros, ya pasó el término para que los demás contribuyentes puedan reclamar. Pero lo que sí pueden hacer es exigirle al Municipio que les devuelva el porcentaje de lo que pagaron correspondiente a las obras que no se iniciaron oportunamente.

El Acuerdo 297/10, al ampliar los plazos del Acuerdo 241/08 que aprobó la ejecución de las ‘21 MO’, estableció, de conformidad con el Decreto 1394 de 1970, la obligación del municipio, previa solicitud de los contribuyentes, de devolverles, con intereses del 1% mensual, las sumas correspondientes a las contribuciones de valorización cobradas por las obras cuya ejecución no se hubiere iniciado dentro de un plazo de 2 años del inicio del cobro. El Acto Administrativo que ordenó el inicio del cobro cumplió 2 años en septiembre de 2011, y como lo señaló el informe de la Comisión de Megaobras de la Personería publicado a mediados de 2012, al “no cumplirse el plazo establecido para el inicio de las obras, deberán devolverse los valores recaudados”.

Cuando el Concejo de Cali aprobó en 2008 el listado de las 21 MO, se estimaba su costo en $680 mil millones. Este costo fue ajustado en 2009 a $960 mil millones, de los cuales a los ciudadanos se les cobrarían por valorización $822 mil millones y el saldo lo cubriría Emcali. De ese listado, se iniciaron dentro de los plazos legales obras cuyos costos se estimaban en $520 mil de los $822 mil millones que se iban a cobrar por valorización. Es decir, se iniciaron legalmente obras equivalentes a apenas el 63% de lo cobrado. Deberá devolvérseles a los contribuyentes el 37% de lo que han pagado, más intereses.

El Acuerdo 297/10 establece que debe existir solicitud previa del contribuyente para que el Municipio le haga la devolución que éste ordena, y los contribuyentes deberán presentar esas solicitudes a título individual, con el lleno de los requisitos del caso. Para eso encontrarán abogados que les prestarán ese servicio por honorarios que, con seguridad, serán inferiores a las platas que se embolatan en los convenios interinstitucionales del Municipio. Y como recientemente el Concejo le aprobó al Alcalde la obtención de un empréstito de $650 mil millones sin un plan concreto para su uso, no hay duda de que el Municipio contará con los recursos requeridos para efectuar los pagos.