La verdad es que no encuentro extraño el informe que presentó la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos en Suiza. Nada distinto podría esperarse de los burócratas nombrados por un Consejo en el que sus miembros más representativos son países de la altura moral de Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Eritrea, Libia, Mauritania, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia o Venezuela. Es apenas natural que, peor que sesgado, ese informe se aparte de la verdad y, además, entrañe un burdo intervencionismo de claro contenido ideológico.

Como lo advertí en una columna que escribí hace meses titulada ‘El Virreinato’, ese es el resultado natural de la invasión a la que -por torpe solicitud propia- se ha visto sometida Colombia de programas, fondos, organismos, oficinas y agencias de la ONU. Como también lo advertí entonces, en su creciente intervención en los asuntos internos del país, esos burócratas opinan de lo divino y lo humano, y su sesgo ideológico se impone en declaraciones que lanzan sin pudor tomando partido, cuestionando instituciones hasta con falsas afirmaciones y desconociendo nuestro ordenamiento jurídico. Porque no han cambiado las cosas, transcribo lo dicho en ella:

“Los humos que se dan los burócratas de la ONU son fortalecidos por políticos, periodistas y diversas ONG que, para aprovechar sus sesgos ideológicos, buscan hacerlos ver como supra-autoridades dotadas de algún poder político superior. En realidad, ellos son simples funcionarios que pertenecen a misiones temporales de fondos, organismos o programas de la ONU que están aquí porque Colombia lo ha pedido o lo ha decidido -pues la ONU no tiene autoridad ni capacidad para establecerlas por su voluntad. Y sus resultados oscilan entre mediocres, inexistentes y pésimos.

Colombia tiene y paga la mayor presencia de personal de la ONU en toda América Latina. El informe de Estadísticas de Personal de la ONU de 2018 registra para Colombia 736 funcionarios (con nombramientos para un año o más) de la ONU y sus agencias y organismos afiliados. Países del tamaño de Brasil y México tienen 350 y 280, respectivamente. Aquí la ONU tiene más burócratas que en las superpobladas China (294) o Indonesia (615), o que en naciones extremadamente pobres como Bangladesh, Níger, Madagascar, Mozambique, Chad o Ruanda.

La presencia de la ONU en Colombia incluye 25 entidades entre programas y fondos, organismos afiliados, oficinas de la Secretaría y agencias especializadas. Una vez se abre una oficina aquí, difícilmente se cierra. No porque se necesite, sino porque para los burócratas internacionales Colombia es un excelente vividero. No hay justificación para la permanencia de oficinas ampliamente sustituidas por la gestión del Estado colombiano como la de UN-Hábitat, la Onudi, ONU Mujeres o el Fondo de Población Unfpa. Ni qué decir del Pnud y el Unicef, que ya no traen al país recursos significativos pues somos “un rico miembro de la Ocde”.

La ONU es conocida en el mundo por su burocratización y sus dobles raseros, y el país debe evitar que esas situaciones se continúen presentando aquí. Es hora de que Colombia acabe la indebida injerencia de estos parásitos en la marcha del país. Debe retirar a los cientos que no se necesitan, y exigirles a los pocos que considere pertinente dejar que cumplan su deber ciñéndose a los lineamientos que el país haya convenido con la ONU. Lo demás sobra.