Comprarles coca a los campesinos o pagarles para que no siembren, a jóvenes para que no delincan y al ELN para que no secuestre; insistir en la tesis del entrampamiento a ‘Santrich’, designar gestores de paz a los peores de los criminales, denominar ‘cerco humanitario’ al secuestro y justificar este delito atroz por supuesta ‘imprudencia’ de las víctimas, confirma de qué lado de la sociedad está el presidente Petro y el Gobierno.
Se propone adquirir a los campesinos la coca que no han podido vender a los carteles y pagarles por no sembrar. Distintos gobiernos han liderado programas de sustitución de cultivos pese a su éxito relativo, y es válido, también, pensar en la subsistencia de miles de familias que dependen de la coca. Pero de ahí a comprarles la hoja, incentivando el cultivo o pagarles para no cultivar por fuera de un programa estructurado, es absurdo.
Similar con los jóvenes. Es urgente articular el esfuerzo de todos los niveles de gobierno y con los sectores económicos para ofrecer oportunidades a los jóvenes, en especial en zonas marginadas. De ahí a pensar que la solución es pagarles para que no delincan, hay un trecho; esta opción desincentivaría el trabajo honesto de la inmensa mayoría de los jóvenes y promovería el delito urbano. Una no solución, asistencialista y demagógica.
En la misma línea, se considera la manutención del Eln a cambio de que no secuestre y prescinda de fuentes ilegales de financiación. Una discusión resultante de un cese al fuego apresurado y que pone al Gobierno contra la pared. En buen momento se conoce de la participación de esa guerrilla en el billonario desfalco a Ecopetrol; será interesante ver la cara de sus negociadores posando de mendigos insistiendo en que están sin plata.
Igual sucede con la obsesión de demostrar lo indemostrable en el caso ‘Santrich’. Ahora resulta que la ONU enviará a un experto ‘objetivo’ para investigar el ‘entrampamiento’ de la Fiscalía contra el guerrillero. Obvió dirá que le tendieron una celada pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó dicha denuncia y su extradición fue avalada por la Corte Suprema de Justicia.
Qué decir de los gestores de paz. Basta ser de la primera línea y haber sido condenado, haber puesto una bomba en un centro comercial o haber sido el peor de los criminales, para que el Gobierno, si le es útil políticamente, lo nombre gestor de paz. Un indulto por la puerta de atrás. No importan los crímenes cometidos, menos las víctimas. Designar gestor de paz a Mancuso equivale a haberlo hecho con el ‘Mono Jojoy. Una afrenta.
A lo anterior se suma el haber calificado de ‘cero humanitario’ el secuestro masivo de policías en el Caquetá, señalar que el secuestro de la Sargento del Ejército y sus dos hijos pequeños por parte del Eln fue por imprudencia, insistir en la excarcelación masiva de delincuentes por hacinamiento, destipificar penalmente conductas inexcusables para reducir la criminalidad, y la defensa de las atrocidades de las dictaduras en la región.
Estos ejemplos corroboran un patrón preocupante del Presidente de la República y del Gobierno: defienden el crimen. Independiente de la validez que pudiesen tener algunos de los argumentos esbozados en las situaciones señaladas, que dudo existan, los hechos delatan una línea de pensamiento y de política de favorecimiento al delincuente, como devolución o compra de favores políticos o para gestar grupos de apoyo al Mandatario. Increíble, pero cierto: el presidente Petro y el Gobierno parecen estar del lado de la criminalidad.