Dos carros bomba en Cauca y Valle, hostigamientos armados a la fuerza pública, desplazamiento de centenares de familias en Nariño y varios muertos marcan, entre otros hechos terroristas, la antesala de un cese del fuego anunciado por el llamado estado mayor central (EMC) de las Farc, que se sentará a dialogar con el gobierno nacional para intentar llegar a un acuerdo de paz.
La escalada terrorista de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se produce luego de que sus negociadores acordaron con el gobierno del presidente Gustavo Petro una tregua de diez meses que empezaría a regir en el mes de octubre. El incremento de las acciones bélicas por parte de la mayor disidencia de las Farc se hace con el objetivo de llegar a la mesa de negociación en una posición de fuerza.
El crecimiento de las acciones terroristas de los grupos armados hace que haya una gran preocupación respecto a qué pueda resultar de la coincidencia entre las elecciones del 29 de octubre, el cese del fuego que no se cumple por parte de las organizaciones criminales y su presencia cada vez más opresiva con los habitantes de varios territorios del país.
Según el último mapa de riesgos electorales que presentó la Misión de Observación Electoral (MOE), los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia y Guaviare tienen la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo. En Chocó la situación es crítica. En el consolidado de la MOE, se establece que hubo un incremento del 102% de municipios con riesgos extremos respecto a las elecciones del 2019. Es decir, que la intensidad del riesgo se ha incrementado. Para estos comicios se presenta un total de 166 municipios con algún nivel de riesgo. De estos, 83 se encuentran en riesgo extremo.
Nadie comprende cómo el gobierno se desentiende de la crisis de seguridad en los departamentos. De ninguna manera puede ocurrir que haya una suspensión de actividades de índole militar. No se puede bajar la guardia por parte de las Fuerzas Armadas. Las elecciones están amenazadas, pero ni el presidente ni sus ministros atienden el clamor y las quejas de los Gobernadores. Se necesita que en todo el territorio, incluidas las zonas de influencia de los grupos guerrilleros y de los narcotraficantes, el Estado haga presencia efectiva para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Que en medio del empeño gubernamental por alcanzar la paz total no se debilite la seguridad a que tenemos derecho todos los colombianos.
Las encuestas señalan que la aprobación de Petro se desdibujó en apenas un año. Ante esta realidad es predecible una debacle para el Pacto Histórico con ocasión de las elecciones regionales de octubre. El gobierno no podrá consolidar su poder político en las regiones dado su creciente desprestigio. Estamos a menos de un mes de que la democracia le pase factura a Petro, entre otras razones, por los escándalos que se han venido a conocer en los últimos meses sobre la financiación de su campaña presidencial y por su mal gobierno.
El 29 de octubre el presidente no ganará en Bogotá ni en ninguna ciudad grande capital de departamento, como Barranquilla, Cali y Medellín. Será otro golpe más a su precaria gobernabilidad. Es la consecuencia de su soberbia, de tanta improvisación, de crear tanta incertidumbre en todos los sectores, de sus malas decisiones, de los escándalos y de pelear con todo el mundo. La paz total no es solamente con las organizaciones guerrilleras ni con los delincuentes. Es también con la sociedad. Ya veremos como en las elecciones de octubre este rechazo masivo al gobierno del cambio se expresará en las urnas.