En Colombia ya ha sucedido que, cuando el Gobierno Nacional o algunos gobiernos regionales o locales han convocado en democracia, de manera unilateral, a consultas o referendos populares, estos, en un buen número de ocasiones, se han perdido.

Se han perdido, entre otras razones, porque no han sido el resultado del empeño por buscar la unidad en la diferencia, sino de una política de polarizaciones, de descalificaciones y de pocos esfuerzos de diálogo social, de entendimiento y concertación entre diferentes.

Uno de los casos más recientes lo constituyó el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia, en el año 2016, donde ganó el ‘No’ por un pequeño margen de votación y debido esencialmente a un manejo sectario, tanto por los partidarios del ‘Si’ como del ‘No’, que absurdamente llevó el país a polarizarse a favor o en contra, en torno a un tema que une a todos, como es el derecho a la paz en Colombia, tal como lo mandata la Constitución Nacional.

Como respuesta a la posibilidad de que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes del Congreso no le apruebe por mayoría de votos su proyecto de reforma laboral, el presidente Petro pretende convocar para los próximos meses una consulta popular, a fin de que el constituyente primario que es el pueblo defina sobre los ejes fundamentales de sus diversas iniciativas parlamentarias en materia social.

Anotando que en lo personal no vivo de las alegrías por las dificultades de otros, una pregunta que surge sobre la precipitada iniciativa de la consulta popular, es ¿Qué pasa si la Comisión Séptima de la Cámara decide estudiar otras iniciativas de reforma laboral tal como las presentadas por la representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Norma Hurtado? ¿O, si la Comisión Séptima decide convertirse como debe ser, en un centro de diálogo y concertación entre empresarios y trabajadores, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de instituciones académicas, donde el centro del debate gire en torno a la importancia que tiene para el futuro de Colombia proteger tanto a las empresas como el salario de los trabajadores, lo mismo que la disminución de la informalidad laboral y por consiguiente la generación de más empleos decentes?

De lograrse lo anterior, que no es un imposible si contamos con la voluntad política de los integrantes de la Comisión Séptima, con todo respeto creo que sobraría la iniciativa de convocar a una consulta popular, que a lo único que puede conducir es a polarizar más a Colombia y a olvidarnos que en las condiciones políticas, sociales e institucionales del país, desde todos los escenarios políticos, sociales e institucionales, debemos contribuir al desarrollo de relaciones laborales más fraternas y cooperantes entre empresarios y trabajadores y ante todo, contribuir a hacer consciencia, que la clave para el desarrollo económico y para una Colombia mejor, es que tengamos pleno conocimiento de que si al empresario le va bien es apenas natural que al trabajador también le vaya bien. Solo así podremos contribuir a que esas buenas relaciones laborales de respeto y cooperación, que siempre deben existir entre empresarios y trabajadores, sean el motorcito no solo para el crecimiento económico, sino también para la generación de empleos decentes.

En esa perspectiva, mi recomendación muy fraternal para el presidente Petro es que por ahora no se meta en el tema de la consulta popular porque la puede perder y que mejor se dedique con la colaboración de la Comisión Séptima a la búsqueda de un amplio diálogo entre empresarios y trabajadores a fin de procurar la construcción dialogada y concertada de una reforma laboral que contribuya tanto al crecimiento económico como a la generación de empleo en Colombia.