Jamás habíamos visto una administración en que la putrefacción fuera más profunda y extendida.

Hay confesiones y denuncias de corrupción, muchas provenientes de la entraña misma de Petro, sobre hurtos, malversaciones, direccionamiento de contratos y favorecimientos a contratistas cercanos al gobierno, peculados y prevaricatos en las más diversas áreas del gobierno. Una mirada rápida a algunos.

En el MinDeportes, la olímpica Urrutia canceló 104 contratos para renovarlos por un plazo mucho más largo y favorecer así a sus amigos contratistas.

Su sucesora incumplió los compromisos para hacer los Panamericanos. Se perdieron US$ 2.025.000 ya entregados y el país dejó de recibir alrededor de US$ 900 millones.

En la ANT el hedor es espantoso. Después de dos años solo han comprado 112.000 hectáreas, menos del 10% de las 1,5 millones que prometió Petro. De los $ 4,9 billones del presupuesto 2024 de la ANT, a mayo solo se había ejecutado el 3,83%.

Es la constante: el gobierno se queja de falta de recursos y quiere una nueva tributaria, pero ejecuta realmente mal, peor que nunca en todo el Siglo XXI.

Más grave, hay irregularidades en el 62% de las compras de tierras hechas, entre ellas la adquisición de predios que no tienen vocación agrícola o que en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua, compras de baldíos y en zonas de parques nacionales, con sobreprecios de tres y cuatro veces su valor real. $ 136.911 millones embolatados por compras anómalas.

La Cancillería no se ha salvado de la podredumbre. Ahora la regla es saltarse a los funcionarios de carrera.

Son sistemáticas las designaciones de embajadores, cónsules y diplomáticos en todos los niveles de personas que no fueron a la universidad, que no hablan segundo idioma, que no tienen ningún conocimiento o experiencia en política o relaciones internacionales y cuyo único “mérito” es el activismo ideológico, como Guanumen o Moisés Ninco, o la amistad con Verónica Alcocer, como los embajadores en Madrid y Roma.

Los tribunales administrativos han anulado decenas de esos nombramientos. En abierto desacato de los fallos judiciales, en varios casos el gobierno ha vuelto a nombrar en sus cargos a los destituidos.

Petro también ha nombrado embajadores investigados, o incluso formalmente acusados en la Corte Suprema por los más diversos delitos, desde corrupción, como Romero o Benedetti, hasta narcotráfico, como Muñoz. El canciller Luis Gilberto Murillo fue condenado por peculado.

Como si no bastara, los pasaportes le costaron el cargo a Leyva, que quería meter la mano en el negocio. A estas alturas, no se sabe quién se encargará de su producción a partir de octubre y si nos salvaremos de pagarle a Thomas Greg & Sons los $ 117 mil millones en perjuicios causados por los oscuros intereses económicos y los caprichos de alguno en el gobierno.