“No puede haber más estallidos sociales. ¿Cuántas pérdidas se generan con el estallido social? Innumerables y los empresarios nos lo repiten cada vez. A nosotros no nos gusta eso, pero sí es la única opción que nos van a dejar, pues yo, Fabio Arias, presidente de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social”.
La frase dicha por el dirigente sindical, durante una audiencia pública en Cali sobre la reforma laboral, convocada por la Comisión Séptima del Senado, provocó un rechazo enérgico de la ciudadanía, y revivió un temor latente, en torno a la posibilidad de que se repita un fenómeno como el ocurrido en el país, en el 2021, que en Cali se vivió como en ninguna otra parte.
El alcalde Alejandro Eder fue uno de los primeros en salir a reprochar lo dicho por el señor Arias: “No podemos permitir que vengan de otros sectores a querer incendiar la ciudad por razones políticas. Nosotros, los caleños, sufrimos lo que fue la violencia. Y no nos equivoquemos, la violencia afecta a todo el mundo. Todos los ciudadanos de Cali sufrimos esas consecuencias”.
Recordemos lo que pasó ese 28 de abril de 2021 y las semanas siguientes en nuestra ciudad. Conmoción, encierro, incertidumbre, helicópteros sobrevolando, retenes legales e ilegales, disparos... mucha gente aprovechó la protesta social, que no se puede deslegitimar, para hacer vandalismo y causar más daño. Lo más doloroso fueron las 63 vidas que se perdieron en este capítulo de nuestra historia reciente (sigue existiendo controversia en torno a la cifra real).
Cali no volvió, ni volverá a ser la misma, antes del estallido. Las pérdidas económicas fueron billonarias, también la pérdida de empleos, el cierre de negocios, la desconfianza, el miedo, la anarquía, la falta de sentido de pertenencia, y luego un resurgir que nos ha costado mucho y en el que aún seguimos, con esfuerzos que se deben reconocer, desde lo público y lo privado, como Compromiso Valle, que no solo ha beneficiado a personas de Cali, sino también de Buenaventura, Palmira, Yumbo, Buga, Jamundí, Candelaria y Tuluá, y que aún continúa vigente, ahora extendida a Compromiso Territorio, para beneficiar a municipios del norte del Cauca.
En la citada audiencia pública sobre la reforma laboral, la congresista del Valle, Norma Hurtado, dijo que la informalidad, que en Colombia está en el 55,4 %, en Cali es del 47 %, y que las microempresas registran una proporción de trabajadores informales del 84,6 %. Cifras que no se pueden subestimar y que están en el foco de la discusión actual, para diseñar políticas a mediano y largo plazo que permitan la creación de empleos, condiciones dignas en las empresas formales y un crecimiento real en el que se beneficien todos los sectores.
Sin embargo, ya hay cierta tensión entre la propuesta de la reforma y el sector empresarial, luego del incremento del salario mínimo del 9,54 %, que a muchos empleadores de medianas y pequeñas empresas preocupa. El aumento del pago en las horas extras, los cambios en la estructura de la jornada laboral, las condiciones de los contratos, la ampliación de la licencia de paternidad, la protección a los trabajadores de plataformas digitales, entre otros, siguen en la negociación.
Y está bien que los representantes de las y los trabajadores expongan sus puntos de vista, como también es un derecho que les asiste a los empresarios. Lo que no puede ocurrir es que se presione con un discurso demagógico, ni se haga politiquería con lo que para una ciudad como la nuestra fue el estallido social. No es con amenazas y afirmaciones incendiarias como se defiende y argumenta. Eso debe quedar muy claro este año, en que las reformas del gobierno actual y la campaña política para el futuro serán protagonistas. @pagope