Mucho costó en la historia del país abandonar ese modelo macrocefálico de un Estado que lo controlaba todo, y que enhorabuena en 1991 se empezó a desmontar. Un modelo que significaba en los 90 un estado 7% del PIB, responsable de la mitad de la inversión, y en el que el Estado representaba 90% del PIB minero, 36% del sistema financiero e incluso 15% del sector manufacturero. Ya para ese momento el diagnóstico era claro, dichas empresas eran cuatro veces menos rentables que las pertenecientes al sector privado, con sobrecostos de más de un 40%, profundamente politizadas y burocratizadas, con mayores reclamos por corrupción, serios problemas de gobierno corporativo, muy baja competitividad, y un profundo atraso tecnológico y en la prestación del servicio. Los ejemplos más dicientes de dicha ineficiencia fueron el Seguro Social, Caja Agraria, Adpostal, Edis, Telecom, Colpuertos, Ferrocarriles Nacionales y algunas empresas de transporte y servicios públicos (basuras, telecomunicaciones, energía, agua, entre otros).

El inicio tímido de que Colombia vuelva en 2024 a este escenario, arrancó con las intervenciones en el modelo de servicios públicos y en aquel borrador de decreto de liquidación de presupuesto que atacaba directamente el modelo de APP-Concesiones que se fundamenta en el principio de que la inversión privada es necesaria para tanta infraestructura social y productiva de alto nivel en el país, como camino de crecimiento y de acceso a recursos que han sido cerca de 200 billones en Colombia.

Con los más recientes hechos de la reforma a la salud, su fracaso en el Congreso, y la manera como se viene imponiendo por la puerta de atrás a través de liquidaciones, decretos, intervenciones y decisiones de asfixia económica a las EPS, queda absolutamente claro que queremos retornar a ese estado macrocefálico en salud.

Pero esto no termina allí. Viene ahora la estatización del modelo pensional, acabando de paso con el ahorro pensional que administra el sistema privado, y ya se siente el desinterés con el modelo mixto de educación superior, que desde el sector no oficial aporta el 50% de la calidad de la educación. Se viene además la integración de Ecopetrol e ISA para monopolizar el mercado eléctrico, retrocediendo en los avances logrados con actores privados nacionales e internacionales. Y finalmente estamos advertidos también que poco gustan las vigencias futuras y seguramente tampoco el modelo de obras por impuestos.

Este será uno de los peores legados en 2026, porque dejaremos el país de nuevo embarcado en un modelo ineficiente, poco competitivo y con una incapacidad de recursos para las mega inversiones que se necesitarán luego en todos estos sectores, porque no hay presupuesto nacional que aguante esto.

El camino es tratar de evitar desde el Congreso que sigamos esta senda, con argumentos que hay de sobra sobre la inconveniencia del modelo estatizante, o sufrir las consecuencias de este camino y prepararse para reconstruir de nuevo un modelo subsidiario donde recuperemos el sentido común de “tanto estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”, pero siempre pensando en lo que no se pensó en la reforma a la salud, es decir que el estado presté el servicio con eficiencia y buscando el bienestar del ciudadano.