Entre más se aleje la política de la ética, más lejos estará de alcanzar un buen gobierno para la sociedad. Se dirá que el concepto cambia con el tiempo y lo que ayer se consideraba inmoral, hoy no lo es, lo cual en casos puede no ser malo. Sin embargo, no se requiere entrar en honduras para ver que hay consenso en que la verdad, en oposición a la mentira y al engaño, es un valor en la línea de la honestidad.
Rechazamos las ‘fake news’ por destruir o distorsionar la realidad. Uno de los mayores males que pueden acaecerle a un país, son las mentiras cuando provienen de un poder, sea gobierno, autoridades, medios de comunicación u oposición. En ese comportamiento puede anidar la inquina hacia otras personas o ideas. Como lo dijera el filósofo Albert Camus: “El odio no puede adoptar otra máscara, no puede privarse de esa arma. No se puede odiar sin mentir”.
Hay gobernantes, ministros o políticos que tienden a mentir cuando se sienten atacados o débiles, fustigando a otros, o llevados por su ego, muestran supuestos éxitos para destacarse con no pocas inexactitudes en los datos, en veces fáciles de percibir, para su mala suerte, porque se les pierde la confianza. Más que confundir, causan daños irreparables porque erosionan la posibilidad de la conversación, e impiden acuerdos y decisiones para el bien común, acentuando la pugnacidad.
Por fortuna existen mecanismos independientes para establecer la veracidad de contenidos, como el detector de mentiras de ‘La Silla Vacía’, que habría encontrado datos engañosos en la portada del primer periódico de la Presidencia, ‘Vida’ (16-01- 24); una salida con el pie izquierdo. La manipulación de información y los eufemismos en medios, redes, videos, narrativas o discursos, son una forma de escamotear la verdad. Lo vital es que los pronunciamientos del Presidente y sus Ministros se realicen con ética y rigor en la información, pues inciden en asuntos álgidos de la economía y la sociedad.
Aun en medio de las diferencias del Ejecutivo con entidades judiciales, organismos de control o con la opinión pública, por situaciones que le tengan en la palestra, sus cortinas de humo o retóricas envolventes no deben llevar al punto de la difamación o engaño con imputaciones equívocas en términos del derecho y del sentido común, como se le escuchó desde el Chocó el fin de semana. Tampoco pueden actuar de manera semejante los representantes de dichos organismos en sus enfrentamientos con el Presidente, por la misma debida ética y dignidad de los cargos de unos y otro.
Sus reparos o incomodidad ante las actuaciones de autoridades, no impide el ejercicio de las funciones constitucionales de estas, y no significan una persecución, ni intención de no dejarle gobernar. Más le conviene al Gobierno ofrecer colaboración en el esclarecimiento de los asuntos si no hay corrupción, ni actuaciones ilegales. Con ocasión de la crítica del Ejecutivo a la Corte Constitucional, su Presidente, Diana Fajardo (Entrevista El Tiempo 28-01-24) manifestó: “la Corte hace parte de los pesos y contrapesos para regular el ejercicio del poder”, y sus decisiones son siempre en derecho, no por conveniencia o preferencias personales.
Podemos prescindir de la política, no de la ética, pero mejor de los políticos y funcionarios incorrectos que no permiten el debate por sus falacias. Fácil, a la moda, en redes sociales dar ‘cancelar’ en sus perfiles.