El país no sale de su asombro ante la designación de 18 ex paramilitares como gestores de paz, entre ellos los más sanguinarios excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, conocidos con los alias de Macaco, Don Berna, Taladro, Jorge 40, HH, El Alemán, Diego Vecino y Cuco Vanoy. Mancuso ya había recibido la dádiva desde 2023. Un hecho que obliga a analizar el alcance y conveniencia de tan controvertida medida.
Los voceros o gestores de paz se remontan a la Ley 418 de 1997 conocida como Ley de Orden Público y que establece el marco legal de los procesos de paz en Colombia. Desde entonces y con los ajustes de cada Gobierno y Congreso ha sido prorrogada. Establece mecanismos para la búsqueda de la paz entre ellos designar como voceros a miembros de organizaciones ilegales con beneficios penales temporales, incluida la excarcelación.
Los últimos cuatro gobiernos han echado mano de la controvertida figura. El Gobierno Uribe designó como gestores de paz a alias Karina y a Rodrigo Granda de las Farc; los de Santos y Duque hicieron lo propio con alias Francisco Galán y Felipe Torres del ELN con la ilusión de que contribuyeran a allanar un acuerdo con esta organización criminal. Decisiones todas polémicas en su momento por el prontuario delictivo de los gestores.
Pero, ha sido Petro el que más uso le ha dado al recurso legal. Para sacar de la cárcel a los de la Primera Línea los designó gestores de paz decisión demandada ante el Consejo de Estado. También lo hizo con Violeta Arango, la miliciana del ELN que puso la bomba en El Andino, y alias Firú integrante de las disidencias de las Farc capturado con armas en la caravana de la UNP responsable del asesinato de 6 militares en Valdivia, Antioquia.
El caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso es bien conocido. Tras purgar 15 años de cárcel en Estados Unidos, Petro lo designó como gestor de paz en agosto de 2023. Al regresar al país fue recluido en La Picota recobrando la libertad en julio de este año. Luego vino el oprobioso intercambio de sombreros vueltiaos en Montería. Y ahora, honra con ese halo mágico a 17 exjefes paramilitares adicionales, igual o más sanguinarios.
Es evidente que en el ADN de Petro no hay diferencia entre el crimen y la legalidad, de ahí que no le importe abusar de una figura para evitar la judicialización y privación de la libertad de cuanto criminal se le cruza en el camino. Pero el caso de los exparamilitares lo hace con dos objetivos: poner en duda el proceso de Justicia y Paz indicando no se ha cerrado e incitar a estos a que declaren contra los enemigos políticos del Presidente.
“Decidimos escoger gestor de paz para finiquitar el proceso hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la Corte Constitucional quiso que se diera en términos de verdad”, dijo Petro. Luego agregaría que “los exponentes de la parte más retrógrada de la clase política le tienen pavor a la verdad”. Lo anterior en momentos en que la justicia absuelve al hermano de Uribe, lo que avivó la ira del Primer Mandatario.
Según la oficina del Alto Comisionado de Paz van 43 gestores de paz incluidos máximos responsables de crímenes atroces del ELN, el EMC de las Farc, y ahora, las extintas AUC, además de delincuentes de toda calaña. La figura de gestores de paz perdió su objetivo para convertirse en un instrumento de impunidad y persecución, incentivando más crimen y violencia. Es decir, en gestores de guerra. Por lo tanto, debe abolirse. La paz no puede seguir siendo utilizada como pretexto para congraciarse y premiar criminales.