La discusión sobre qué son exactamente las Bacrim adquiere una relevancia fundamental porque al día de hoy muchas decisiones políticas van a depender de los consensos que se lleguen al respecto. Desde la forma en que las Farc deberán dejar las armas hasta cómo deberá ser la estrategia del Estado para evitar que sigan repitiéndose los ciclos de combinación de armas con política, van a pasar por la definición que se haga del fenómeno Bacrim. Hay aspectos en los que ya hay consenso. Se sabe que su interés central es la explotación de economías criminales. Son organizaciones interesadas en acumular recursos desde el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión de todas aquellas actividades vulnerables a su control armado. También que son un fenómeno social en dos sentidos. Por un lado, son un atractivo para muchos jóvenes excluidos que encuentran en el crimen una oportunidad de reivindicación social y económica. Por otro lado, son organizaciones que ejercen un extenso dominio social. Incluso equivalente al de un Estado: cobran impuestos -así sea a manera de extorsiones-, administran justicia -así sea sin las garantías y la imparcialidad de unas instituciones democráticas- y vigilan como una policía que la población cumpla su ley -así sea en medio de la más absoluta arbitrariedad. El paro armado de hace un par de semanas es solo una demostración de cómo un grupo como los Urabeños es capaz de gobernar, literalmente, amplios sectores de la sociedad, no solo comunidades periféricas sino barrios y transacciones marginales de ciudades intermedias. Pero hasta allí el acuerdo. Las diferencias comienzan en la definición de sus otros propósitos e intereses. Para el Gobierno y la oposición de derecha, las Bacrim no son más que bandas delincuenciales sin ningún interés político. Por lo tanto las Farc no deben condicionar la dejación de armas a la desaparición de estos grupos. Por su parte, las Farc consideran a las Bacrim parte de la estrategia paramilitar del Estado. Poco ha cambiado desde la desmovilización de las AUC, según esta versión. Las Bacrim no son más que una adecuación en los nuevos tiempos de la represión violenta de clase y de los movimientos sociales. Por consiguiente, no es seguro para las Farc dejar las armas hasta que el estado garantice su desaparición. Ni lo uno, ni lo otro. Las Bacrim tienen absoluta autonomía del Estado, al margen de la corrupción de ciertos miembros de la clase política y de las autoridades. No son burdas marionetas para reprimir a campesinos, obreros y demás desposeídos que se subviertan. Pero están lejos de ser inofensivos en el terreno político. Las Bacrim no van a matar para evitar protestas campesinas por el precio de la papa o de líderes sociales que reclamen al gobierno central el cumplimiento de algún acuerdo. Para eso solo basta contratar a uno de los sicarios que tanto abundan en Colombia luego de tanta guerra. Pero si esos mismos campesinos o líderes sociales afectan sus intereses concretos en las regiones donde ejercen control social van a ser masacrados. De la misma manera que van a matar a cualquier político de los partidos tradicionales o del uribismo que se atraviese. El gran logro de la última década no fue acabar la corrupción y el clientelismo político. Fue domesticar a la clase política para que no usara la violencia. El gran riesgo de la Bacrim es que ese logro se evapore.Sigue en Twitter @gusduncan