En los 50 la economía cafetera y la política de protección a la producción nacional impulsaron la formación de un modesto mercado de capitales; pequeños inversionistas participaban en las principales empresas industriales del país. Era necesario crecer para atender el rápido aumento de la población y la transición a país urbano.

En el gobierno de Lleras Camargo una misión internacional recomendó establecer vehículos idóneos para financiar el desarrollo productivo de las regiones con aporte del capital local. Así se establecieron las corporaciones financieras. El marco regulatorio del sistema financiero se orientó hacia la especialización; en los años 70 y 80 los bancos comerciales atendían las necesidades de financiación de corto plazo, las corporaciones de ahorro y vivienda prestaban para construcción y compra de vivienda, y las corporaciones financieras movilizaban recursos para apoyar la inversión del sector productivo.

El limitado tamaño de la economía nacional inhibía el florecimiento del mercado de capitales; desde los 70 se redujo el número de inversionistas, y el control de muchas sociedades con acciones registradas en bolsa pasó a grupos económicos; los más notables fueron el Grupo Grancolombiano, disuelto por la intervención del gobierno de Belisario Betancur ante prácticas abusivas de Jaime Michelsen, accionista administrador; el Grupo Antioqueño, forjado para evitar tomas hostiles tras las conductas de Michelsen, el Grupo Ardila Lülle y el Grupo Santodomingo.

Las corporaciones financieras tenían sabor regional: las principales eran la Colombiana en Bogotá, la Nacional y la Suramericana en Medellín, la del Valle en Cali y la del Norte en Barranquilla. Además de aportar recursos captados en el mercado con depositantes y ahorradores, podían garantizar la colocación de acciones y bonos, e invertir en sociedades del sector productivo y turístico, con lógica impecable: el desarrollo surge de aprovechar ventajas comparativas de carácter regional, y la gestión para volverlas realidad desde el sector privado corresponde a la dirección local.

La Corporación Financiera del Valle fue además vehículo para construir conocimiento en la región: sus analistas se forjaban y luego hacían carrera en las empresas en la tarea de planificar, financiar, controlar y evaluar resultados.

Los problemas de la economía nacional durante la crisis de la deuda latinoamericana obligaron a abrirla para buscar eficiencia en la asignación de recursos mediante la competencia y poner fin a las crisis cambiarias recurrentes. La ley 45 de 1990 terminó el esquema de especialización de las entidades financieras.

El fortalecimiento del sector petrolero en la primera década de este siglo, con consecuencias cambiarias complejas para la industria, y la inadecuada articulación entre gobierno central y regiones resultante de la improvisada Constitución de 1991 pusieron fin al experimento de financiar el desarrollo regional por canales institucionales públicos y privado, y bancos de sesgo centralista absorbieron a las corporaciones financieras.

Los beneficios que pueden derivarse de una corporación financiera apuntan a la conveniencia de que el empresariado del Suroccidente impulse la formación de una nueva institución, justificada en lo financiero por el rédito resultante de apoyar aumentos en productividad y crecimiento sostenido.
​Sigue en Facebook Gustavo Moreno