El oscuro panorama en Venezuela sigue tenso e incierto. La población en el país vecino vive entre la indignación, la frustración y el conformismo. Y nuestro hemisferio padece las consecuencias de una crisis humanitaria que expulsa a nuevos migrantes; de unas redes criminales y economías ilegales que desde ese país impactan la seguridad regional; y de otro totalitarismo que nos aleja del ideal de una América democrática.

Después de tres meses de la elección presidencial, el régimen ha hecho que las ‘instituciones’ bajo su control ‘validen’ internamente un resultado fraudulento. Esto a pesar de que la oposición demostró ante la OEA una victoria diáfana de Edmundo González y el Centro Carter –como observador autorizado– declaró que las elecciones no cumplieron con los estándares de integridad electoral y no pueden ser consideradas democráticas. Incluso Juan Delpino, rector principal del Consejo Electoral, no asistió a la proclamación de Maduro el 29 de julio y aseguró al New York Times que el organismo “le falló” al país al anunciarlo como ganador, dado que no hay evidencia ni transparencia frente a ese resultado. La Asamblea Nacional removió a Delpino de su cargo y lo acusó de “traición a la patria”.

Al mismo tiempo, se ha profundizado la persecución a la oposición. El Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años, y la Fiscalía la imputó por instigación pública debido a su liderato en las manifestaciones contra Maduro. A petición de esa Fiscalía, un juez ordenó el arresto de Edmundo González –hoy en España– por supuesta usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes y conspiración. Miembros de la campaña González-Machado y de partidos opositores han sido detenidos y acusados… El mismo Diosdado Cabello da declaraciones contra opositores y hasta denuncia confabulaciones de ciudadanos e instituciones extranjeras.

La intimidación también se ha ejercido contra los votantes y comunidades. Ante la manifestación pacífica de miles de ciudadanos que exigían un conteo justo de los votos, las autoridades han reaccionado con abusos, detenciones y procesos penales a todas luces arbitrarios contra jóvenes y líderes sociales. Esto, sumado a los ataques de ‘colectivos’ armados y a los asesinatos ocurridos, intimida a una población que solo anhela el retorno democrático. Amnistía Internacional ha documentado el uso desproporcionado de la fuerza por cuerpos de seguridad y ha llamado a liberar a los detenidos. La ONU publicó un informe de graves violaciones de derechos humanos durante el período electoral, incluidas detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, todo para silenciar a la oposición.

Es un contexto complejo en el que la situación en Venezuela parece estar estancada. La comunidad internacional ha rechazado la pretensión de Maduro de renovar su mandato sin presentar pruebas fidedignas del respaldo electoral. En la ONU, 31 países hicieron una declaración para pedir respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos en Venezuela. Pero la maquinaria opresora oficialista ha avanzado más rápido que los pronunciamientos internacionales, y algunos observadores consideran exiguas las posibilidades de que la oposición asuma el cargo.

Al acercarse el 10 de enero de 2025, fecha en que el presidente electo debe tomar posesión, la crisis política se intensificará. Tanto González como Maduro anuncian que asumirán en esa fecha. María Corina, personaje central en la oposición, convoca con perseverancia a la comunidad internacional para que incremente la presión sobre el régimen; y sigue presente en su país, defendiendo el triunfo que logró la oposición. La comunidad de países que creen en el Estado de derecho debe adoptar decisiones concretas para que se produzca una transición democrática pacífica en Venezuela. Eso incluye respaldar a Edmundo González como presidente elegido con una votación contundente; y exigir con firmeza respeto a los derechos humanos de los venezolanos y justicia frente a los crímenes contra ellos. El silencio o la laxitud diplomática internacional solo prolongará el sufrimiento de millones; y sería un grave precedente en la defensa de la libertad como valor compartido por las naciones que creemos en la democracia.