A la hora de considerar los cientos de anuncios del Gobierno en asuntos vitales del país, el relativo a la justicia no es de menor importancia por los cambios conceptuales que vendrán acerca de la función de las medidas penales y la forma como se gestionará la Paz Total. El deseo de paz es de todos los colombianos y se manifiesta una vez más, ante el incremento de la delincuencia común y las bandas criminales.

El fenómeno de la violencia hace recordar la inolvidable primera línea con que se abre La Vorágine, de José Eustasio Rivera, publicada en 1928: “Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia”. El motivo de este clásico que relata los tiempos de la fiebre del caucho en el Amazonas, sigue vigente al persistir la ambición y la acción de los violentos. Otras fiebres brotarían antes o después, aquí o más allá, por el oro, el cannabis, la coca, la madera, afectando la naturaleza y las poblaciones. Como si no fuera poco, las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y la corrupción aportaron sus crímenes, alzándose con abultados botines.

Más allá de las causas y razones de la violencia en nuestra historia, lo positivo está en la inmensa mayoría de colombianos de diversas condiciones que día a día se levantan a procurarse un modo de vida sin hacer daño ni matarse entre sí. Ellos merecen un Estado de derecho fuerte y presente donde puedan vivir sin riesgos para la vida o sus medios de subsistencia. Se entiende entonces que se trabaje con este fin, al igual que se susciten inquietudes sobre los mecanismos a los cuales acudirán para el efecto el ejecutivo o el legislativo.

Entre las bases del proyectado Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ‘Colombia potencia mundial de la vida’, está contemplada una nueva visión de la política de drogas para dejar atrás el prohibicionismo, así como el desmantelamiento del multicrimen con énfasis en los nodos más importantes del sistema criminal, prevaleciendo la protección integral de las poblaciones. También se halla en curso la propuesta de reforma al Código Penal que implicará un cambio radical a la política criminal.

Si bien es necesario que se realicen debates y desarrollos en esos frentes, hay un comprensible escepticismo por la magnitud del reto y el hecho de que se establezcan diálogos y acuerdos de cese del fuego con grupos puramente criminales, liberando victimarios para que actúen como interlocutores. Preocupa el precedente que se sienta, la indeterminación de la forma como se procederá y el riesgo de menoscabar pilares de la democracia como la separación de poderes, o las penas entendidas como protección ante individuos de alta peligrosidad.

A la opinión pública la desconcertó el inexplicable anuncio del Gobierno de un cese al fuego bilateral con el Eln y otras estructuras delincuenciales, cuando en realidad no se había convenido al menos con la guerrilla, sin prever protocolos ni coordinación con las fuerzas militares. El extravío de la claridad o la verdad en un anuncio, evidencia la falta de recorrido del trecho necesario para viabilizar un proyecto, pues no basta con el deseo.

Con ese panorama es positiva la reciente designación de nuevos miembros en la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado, cuyas calidades profesionales y experiencia son garantía de independencia y ponderación de los asuntos.