Hace años hemos hablado en Colombia de la urgencia de una reforma pensional. De hecho, en el último debate presidencial, este fue tema de campaña, y lo que recoge la reforma propuesta no es distinto de lo propuesto por los ganadores. Allí hay coherencia.

Hacer bien esta reforma supone lograr cuatro objetivos: uno es ampliar la cobertura, para llegar a millones de adultos mayores que no tendrán con qué sobrevivir. Lo propio, en lograr una reforma que atienda pensiones del grueso de informales del país y que superan el 50%.

En segundo lugar, se ha hablado de una reforma que no sea el ‘Robin Hood al revés’, en el que los más pudientes terminen subsidiados por el Estado a costa de recursos que deberían ir a los vulnerables. En tercer lugar, buscar una reforma que enfrente el inevitable cambio demográfico que el Dane ve más pronto. Y finalmente lograr que el modelo pueda ser sostenible para las finanzas públicas y que garantice estabilidad macroeconómica a corto y largo plazo.

La mala noticia es que el proyecto actualmente debatido en el Congreso dista de estos objetivos. Es cierto que beneficia a 2,5 millones de adultos mayores con tres veces más ingreso de lo que hoy el 64% por ciento de ellos recibe. Avanza también a un mayor acceso a los informales con el pilar semicontributivo, pero infortunadamente borra con el codo esto con la reforma laboral al elevar la informalidad (derivado de mayores costos e inflexibilidades laborales allí propuestas).

En lo solidario el resultado es magro. Aunque reduce los subsidios a los ingresos altos y los obliga a contribuir más para los vulnerables, mantiene inequidades como subsidiar más a los de tres salarios mínimos que a los de uno. De facto, al crecer en el modelo de Colpensiones, inevitablemente profundiza el subsidio que hoy existe para que dicha entidad pueda responder. Y nada dice respecto de privilegios aún existentes en regímenes especiales de pensión que debiesen revisarse con criterio de equidad.

Respecto al envejecimiento seguimos esquivando la decisión de la edad, y en general la inevitable disminución de los jóvenes activos que son los que pueden soportar parcialmente parte del costo de Colpensiones al futuro.

Pero donde más falla la reforma es en sostenibilidad. Como está concebida aumentará el pasivo pensional al 279% del PIB, destruye buena parte del ahorro nacional y afecta el crédito de largo plazo del país (que genera crecimiento). Así el stock de ahorro pensional caerá del 30 al 14% del PIB en las próximas décadas. Las cuentas de Hacienda curiosamente son incompletas o a corto plazo para minimizar los costos o crear una verdad a medias.

Parece que por gastarnos unos billones de más en los próximos años en el presupuesto nacional (que se liberan por la reforma), les tocará a las nuevas generaciones soportar una carga impagable para cuando esta generación actual se pensione. Típico caso de un robo intergeneracional.

Comentario final y no menor en una democracia liberal, es que la libertad para decidir quién realiza mi ahorro pensional se pierde, y con ello ya no podremos escoger a quienes con rigor técnico manejen nuestros ahorros.