Los informes de organismos internacionales tipo FMI, Ocde o Banco Mundial, así como aquellos de agencias calificadoras de riesgo, suelen ser documentos importantes para orientar la política pública o entender la manera como nos ven los inversionistas internacionales. Lo simpático es que ahora, en medio de la polarización política, se utilizan como instrumentos políticos para defender a unos u otros (gobierno u oposición), y además con dosis de posverdad.

La invitación es a hacer una lectura más profunda de ellos, e independiente en la orilla ideológica, a que le sirvan al país para mejorar. Es tan cómico el escenario, que ahora quienes otrora eran enemigos del FMI u Ocde, hoy son los acérrimos defensores de sus planteamientos, olvidándose de todo lo que alguna vez dijeron en el pasado. Da la sensación de que, estos documentos hoy se leen con un sólo prisma, el que a mí me interesa, y sin considerar lo que allí se recomienda.

Haciendo un análisis objetivo de estos documentos recientes se pueden extraer conclusiones. En el contexto internacional América Latina se percibe como una región resiliente ante el estrés de deuda, inflación persistente y las incertidumbres globales con oportunidades en el ‘nearshoring’ y las inversiones en temas de cambio climático. Lo anterior con algunas recomendaciones: Respetar reglas de juego, lograr más conectividad fí sica y digital, dar incentivos a la inversión y evitar medidas que disminuyan la competencia o la apertura.

En segundo lugar, la salida de Colombia de la pandemia es una de las más destacadas del mundo con un sistema financiero bien capitalizado y adecuada liquidez, rápido crecimiento y adecuadas políticas de respuesta. Hoy se necesitan políticas fiscales y monetarias más restrictivas, seguir cumpliendo regla fiscal y mejorar el balance en cuentas externas.

En tercer lugar, especial cuidado para gestionar y comunicar las reformas y sus impactos fiscales (en especial la de salud y la pensional). Mucha prudencia, así como buen diseño y ejecución del plan de transición energético. Lo anterior en un escenario de condiciones financieras más desafiantes.

En síntesis, buenos avances luego de la pandemia, incertidumbres por aclarar, y mucho de prudencia fiscal, monetaria y de implementación de reformas. Pero que ni Fitch, FMI u otros son porristas del gobierno ni de sus contrarios.

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De postre: Fuera de lugar los comentarios de gobierno en el sentido que es hora de que los empresarios ayuden a reducir la inflación. No sobra recordar que varios meses han pasado en el que el índice de precios al productor ha estado por encima del índice de precios al consumidor, lo que significa que el empresariado ha asumido buena parte del costo inflacionario en sus insumos sin trasladárselo a los consumidores finales. Súmele a eso la carga de la reforma tributaria reciente, y algunas decisiones arancelarias o regulatorias.

No es exprimiendo al sector productivo como se genera menores precios, crecimiento o empleo. Sorprende también que Senadores propongan reducir las utilidades de micro y pequeñas empresas para asumir más cargas laborales, y menos ahora que se avecinan costos adicionales por una menor jornada laboral, y por la reforma. Aún más preocupante que se crea esto sensato y que contribuirá a reducir la inflación. ¡De locos!