La reforma pensional radicada en el Congreso genera polémicas. Los puntos gruesos son: el stock de ahorro actual, los flujos y el ahorro futuro y la sostenibilidad del sistema.

El stock de ahorro actual se mantiene en los fondos de pensiones, hasta tanto el usuario obtenga su pensión, lo cual es razonable. Los flujos de ahorro futuros, desafortunadamente, van a ser desviados en un 80% al Estado para su manejo. Para ello se plantea la creación de un fondo que los administre. Así, el Estado recibirá ingentes recursos, que ya no serán ahorrados en los fondos de pensiones, y si no se cuenta con un mecanismo adecuado de ahorro, el sistema será deficitario, pues a largo plazo no alcanzarán las cotizaciones.

El riesgo está en que estos recursos podrían no ser efectivamente ahorrados y que cambiemos ahorro por gasto. Por eso se ha sugerido que el aporte al pilar contributivo del proyecto se reduzca de tres a dos e, incluso, a un salario mínimo. El asunto es el balance entre los ingresos, para solventar y ahorrar para el pago del pilar contributivo, y los recursos de ahorro privado a los fondos de pensiones como ahorro individual.

El pilar solidario no deja de estar exento de polémicas, pues es un subsidio que no es, per se, un asunto pensional. Se trata de un pago mensual de subsistencia a 2,5 millones de personas mayores de 65 años, con algún matiz populista, lo cual significará una carga enorme para las finanzas públicas, y que debería estar cubierto en su totalidad por el presupuesto nacional y no por aportes de los trabajadores.

De hecho, la reforma pensional termina siendo una mini reforma tributaria pues, además de redistribuir flujos, se soporta en cargas al trabajo formal, lo que podría perjudicar la formalización laboral.

Claramente, deben terminar los subsidios pensionales a las pensiones altas y a los ingresos altos. No obstante, se carga con impuestos a los trabajadores a costa de su capacidad de consumo y ahorro. Así, se plantea un aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional del 2% para quienes ganen más de 4 salarios mínimos y un adicional de entre el 0,2%, hasta el 1%, para quienes ganen más de 16, hasta 25 salarios mínimos.

También se insiste en ‘impuestos’ a las pensiones, pues los pensionados que ganen más de 10, hasta 20 salarios mínimos, y los que ganen entre 20 y 25 salarios mínimos, aportarían un 2% y 3% al Fondo de Solidaridad Pensional, respectivamente.

Se deja claro, de una manera inadecuada, que los rentistas de capital, es decir, aquellos que reciban dividendos, intereses o rentas por arrendamientos terminarán también aportando al sistema pensional, como si estas rentas o activos no hubieran ya pagado impuestos o si no fueran gravadas, adicionalmente, con impuestos como el de los dividendos o, incluso, el impuesto al patrimonio, y como si no fueran parte de la solución pensional.

Se trata de juntar platas, a costa de quienes trabajan, ahorran e invierten, para financiar en parte el régimen pensional contributivo y los subsidios. Finalmente, existen otros sistemas pensionales, que le cuestan a todos los colombianos, que deberían tener algún ajuste con la reforma.