Los juicios políticos contra presidentes de la República por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o con posterioridad a su salida del poder, han tenido poco éxito en la historia republicana de este país. En el Siglo XIX dos mandatarios fueron juzgados y condenados (Obando y Mosquera). En el Siglo XX hubo algunos intentos pero casi todos fracasaron por renuncia del implicado (M.F. Suárez), por cierre del Congreso (Ospina Pérez) o porque la Cámara de representantes no encontró méritos para la acusación (Samper). La única excepción fue el juicio político que se siguió contra Gustavo Rojas Pinilla entre el 22 de agosto de 1958 y el 2 de abril de 1959.

El General, que había tomado posesión del poder el 13 de junio de 1953, salió del país por presiones políticas el 10 de mayo de 1957 vía Canarias, y dejó el gobierno en manos de una Junta Militar. Las élites políticas del momento, temerosas de que su eventual regreso pusiera en cuestión el pacto político del Frente Nacional, por los apoyos con los que podía contar todavía en sectores populares o militares, le organizaron a las volandas un proceso judicial en el Congreso de la República.

El primer problema que había que resolver era encontrar motivos para acusarlo. Había muchos pero, como existía el riesgo de que cualquier acusación comprometiera a amplios sectores de la vida nacional, hubo que inventarle cargos anodinos e infundados que sólo comprometieran su responsabilidad: la entrega de unas reses en Buenaventura, el pedido al gerente de la Caja Agraria para que otorgara préstamos a unos campesinos que habían invadido una de sus tierras y la libertad concedida en San Andrés a tres presos que se habían robado unos cocos y ya habían cumplido su condena. El proceso estuvo acompañado de una compleja discusión jurídica sobre las facultades del Congreso para juzgarlo pero la idea pragmática que terminó primando, en un país de leguleyos, es que había que juzgarlo porque era conveniente hacerlo.

El juicio tuvo en vilo a la opinión pública durante varios meses: la prensa lo amplificó, las barras del Congreso se colmaron, un numeroso grupo de ‘damas de la alta sociedad bogotana’ hizo presencia en el recinto. Pero el hecho real fue que se salió de las manos de los que lo promovieron y terminó convertido en el enjuiciamiento a los últimos doce años de la vida nacional y en la recriminación mutua de las élites políticas por su responsabilidad en el desencadenamiento de la Violencia de los años 50. El general fue condenado pero, años después, dadas las irregularidades del proceso, la Corte Suprema de Justicia tumbó la sentencia.

El juicio se convirtió en un “ritual de paso” entre la Violencia de los años 1950 y el nuevo régimen del Frente Nacional, durante el cual se pusieron en juego los valores y las representaciones políticas que estaban comprometidas en la transición. Rojas pasó de acusado a acusador, de perseguidor a perseguido, de tirano a mártir, de “oscuro dictador” a caudillo popular. El resultado final fue que un expresidente, que se encontraba a su regreso en el punto más bajo de la popularidad, comenzó poco a poco a “perder desprestigio” y en las gradas del Congreso nació la Anapo, el gran movimiento populista que colmó la vida política de los años 1960.

Mañana jueves 21 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el stand de Univalle de la Feria del Libro llevaremos a cabo el lanzamiento de ‘La invención de la desmemoria. El juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia’, una obra que describe con todo detalle lo sucedido, escrita bajo la inspiración de los relatos policíacos de Patricia Highsmith, es decir, con el criterio de que quien lee el primer capítulo ya conoce el desenlace de la novela y puede escoger a su guisa la sección que más le interese. Varios libros en un solo empaste. Tenemos que aprender algo de nuestra historia, para que no estemos siempre abocados a la “eterna repetición de lo mismo”, que parece ser nuestro destino.