En declaraciones recientes el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, hizo un llamado a repensar el tema de la seguridad en el país, de manera conjunta con las instituciones, los gremios y la misma sociedad, tras los cambios que trajeron la pandemia y los fenómenos criminales ocurridos desde mayo de este año.

Un asunto sin duda esencial dado que la seguridad es una de las palancas para que el país consolide la recuperación económica y social que se viene observando, como lo señalan el FMI, que revisó al alza la proyección de crecimiento para este año situándola en 7,6%, y el Dane, que informó que el desempleo en agosto fue del 12,3% frente al 16,8% de hace un año.

Adicionalmente, por dos razones clave. La primera, porque es muy delicado el escalamiento de la violencia y la inseguridad en las ciudades y las áreas rurales, fenómeno ante el cual no podemos insensibilizarnos. Es lamentable el aumento de víctimas mortales entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, como el asesinato del subteniente de la Policía Nacional, Juan Pablo Vallejo.

La segunda razón, porque las guerras (en este caso, la guerra contra la delincuencia y los grupos irregulares), las ganan las sociedades. Cuando existen este tipo de amenazas la ciudadanía acompaña la institucionalidad representada en su fuerza pública.

Hemos reiterado que hay temas fundamentales en un estado de derecho, como son la observancia de los derechos fundamentales, el acatamiento de la ley y la preservación de la seguridad.

Cómo es de importante que la sociedad apoye a sus fuerzas del orden y rechace las acciones de violencia que vienen ocurriendo. Lo peor que nos puede ocurrir es que se convierta en paisaje la situación actual, que tanto dolor nos está generando a la vez que una sensación de indefensión.

Es necesario, entonces, entender que la seguridad es un tema que nos atañe y que debemos trabajar de manera integral para contrarrestar las acciones de bandas criminales que están intimidando, extorsionando y atacando a la ciudadanía en varias regiones del país con un lamentable saldo en víctimas mortales.

Asimismo, contra los actos de vandalismo que se siguen presentando en algunas ciudades. Estos no hacen parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, pues son acciones que atentan contra la estabilidad social y económica y generan graves afectaciones al tejido social y empresarial de las regiones.

Enmarcados en un Estado Social de Derecho, el llamado es a la unión y al respeto de nuestras instituciones y el apoyo a la Fuerza Pública, a quien agradecemos su compromiso inquebrantable de cuidado y protección de los colombianos.

La convivencia pacífica y el derecho a la vida son fundamentales en nuestro proyecto de sociedad, en el país que queremos vivir y que es posible construir apalancados en las enormes capacidades de nuestro capital humano, gracias a las cuales estamos saliendo adelante tras la crisis. La apuesta debe ser por la unión y el respeto por los derechos y libertades que les asisten a todos los colombianos.
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