En un vecindario caracterizado por las turbulencias económicas, hiperinflaciones, incumplimiento en el pago de sus deudas, nacionalizaciones etc, Colombia ha mantenido un manejo ordenado de sus finanzas públicas. Si bien se han atravesado momentos difíciles, la sensatez, la capacidad técnica y la responsabilidad de quienes han estado al frente del Estado han evitado los desastres actuando con seriedad y responsabilidad.

Por eso es lamentable que estemos a punto de echar por la borda ese legado y se pretenda poner en riesgo las finanzas públicas y muchas de las posibilidades de Colombia a futuro con la forma en que se está pretendiendo cambiar el Sistema General de Participaciones.

Es indiscutible que un país de regiones requiere avanzar en el proceso de descentralización. No es conveniente que todo siga girando alrededor de las decisiones que se toman en la capital, y es necesario que los gobiernos locales gocen de mayor autonomía y asuman sus responsabilidades. Ese proceso, sin embargo, no se puede hacer de manera irresponsable. El traslado de recursos del gobierno nacional a los gobiernos locales tiene que ir de la mano con el traslado de las responsabilidades a quienes van a tener la capacidad de gasto.

Ejecutar en el sector público no es sencillo. Sin duda hay riesgos de corrupción y de desvío de recursos, tema que genera de por sí grandes preocupaciones al pensar que a nivel regional esos fondos estarán vigilados por las contralorías locales que, además de politizadas, están muy lejos de tener las capacidades para ejercer debidamente estas funciones.

Pero aún si la corrupción estuviera controlada la ejecución requiere capacidades, preparación y conocimientos, ausentes en la mayor parte de los territorios. Ya se ha visto la incapacidad de un gobierno sin preparación como el actual para ejecutar y esto se multiplicará en muchas regiones.

Este tipo de cambios debe hacerse de manera muy cuidadosa, asegurando que los recursos que se le quitan al gobierno central vayan acompañados del traslado de responsabilidades a las regiones. La manera como se pretende realizar el cambio es irresponsable, pues no solo generará un desequilibrio fiscal inmanejable sino efectos negativos en general para los colombianos.

Se entiende que los congresistas que deben responder a sus electores, estén dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas, en tiempos en que brillan por su ausencia esos parlamentarios que ponían por delante los intereses nacionales y el largo plazo. Lo que es inaceptable es que un ministro hábil y ambicioso en lo político, buscando aparentemente el apoyo de Petro para su candidatura, meta al país en semejante problema.

A Petro el cambio no lo afecta y si le sirve para sus propósitos electorales, pero el ministro de Hacienda sí tenía el deber de oponerse de manera firme a este proyecto, manteniendo la larga tradición de manejo responsable de las finanzas públicas.

Solo queda esperar que en el texto que aprueben quede debidamente condicionado la transferencia de recursos a la transferencia equivalente de las competencias pero, aún así, son muchas los problemas que se nos vienen por cuenta de la ambición electoral del ministro Cristo.