Cuando se radicó el Presupuesto General de la Nación del 2025 el país y sobre todo los congresistas entraron en la disyuntiva de una nueva tributaria -ley de financiamiento- o la reducción en el gasto de al menos $12 billones, monto en el que el PGN 2025 se encuentra desfinanciado. Ayer el ministro de Hacienda y Crédito Público radicó la ley de financiamiento, dejando claro que para el Gobierno la salida es la nueva tributaria.

Realmente no se sabe qué es peor. Por un lado, una tributaria en este momento es absolutamente inconveniente. Hoy cuando se habla de reactivación, la premisa es que necesitamos más inversión pública y privada, pero más carga tributaria no ayudará con esto. Otra cosa sería si estuviéramos hablando de ampliar la base para que más colombianos contribuyeran, pero ese tema en Colombia está vedado y el proyecto radicado no parece reabrir la conversación. Todavía falta mucho más análisis a lo radicado ayer, pero lo claro es que, aunque se baja el impuesto de renta para algunas empresas en los próximos años, les mantiene y en algunos casos incluso les incrementa la tributación a otros sectores de la economía y a algunas personas naturales.

Por el otro lado está la conversación sobre el recorte presupuestal. Tal como lo han planteado, pareciera que la alternativa es dejar a los más pobres sin programas sociales o no honrar las vigencias futuras, sobre todo las de los proyectos de infraestructura. Teniendo en cuenta este panorama, es necesario entrar a discutir sobre la evolución del gasto público en los últimos años y el importante crecimiento que ha tenido lo que se denomina gasto de funcionamiento, que es donde se podría aplicar este recorte presupuestal.

Entre 2020 y 2021, mientras el gasto de funcionamiento aumentó en un 3% la deuda pública creció en un 25% debido a la pandemia, lo que para todos fue la decisión adecuada en un momento muy complejo. Sin embargo, este aumento del gasto de funcionamiento posteriormente creció de manera significativa con incrementos del 11%, entre en los años 2022 y 2023 y del 22% entre el 2023 y 2024. Adicionalmente, se tiene el fondo de estabilización de precios de los combustibles que lleva una deuda por años y que representa un gasto público muy importante.

Como pasa en los hogares de los colombianos y en las empresas, en el caso de la Nación, si no hay suficientes recursos una opción es buscar generar más ingresos, pero también lo es reducir gastos, sobre todo los de funcionamiento. El Gobierno antes de pensar en una ley de financiamiento debe mostrarle al país un plan de ahorro y austeridad más claro, por ejemplo, focalizar mejor el gasto o castigar los presupuestos de inversión de las entidades que recurrentemente son malas ejecutoras y así generar los ahorros que se necesitan para equilibrar el presupuesto. No es razonable que estemos en esta discusión sobre los recursos públicos con unos niveles de ejecución en inversión que en el 2024 van en el 30% con corte al mes de agosto.

Además de todo lo anterior, recordemos que para tener más impuestos lo importante es tener una economía creciendo, que haya capital y que este se invierta, que se genere empleo y eso no se logra si hacemos sobre tributar a los que tienen la capacidad de hacerlo, sean estas empresas grandes, medianas o pequeñas. Recordemos también que el presupuesto público es una buena herramienta para el crecimiento económico y que una ejecución eficiente y enfocada en proyectos que impulsen la reactivación puede hacer la diferencia e impulsar el cierre de brechas sociales.

Las discusiones que dará el Congreso en los próximos días serán fundamentales para el futuro de nuestro país, debemos esperar que en el marco de la institucionalidad tanto las comisiones económicas como el Gobierno sean responsables con el país.