Hace más de 30 años un ingeniero de la vieja guardia, de aquellos que conectaron Colombia con obras públicas tan bien construidas que aún funcionan; de aquellos que se enterraban meses en los campamentos para supervisar desde el terreno a los empleados y asegurar que los trabajos quedaran bien hechos, me vaticinó: el juego limpio en las licitaciones se va a acabar y vamos a entrar al reino de los sobornos. El escenario que describía sería el de un sector privado ofreciendo coimas para obtener contratos y unos funcionarios públicos recibiendo millones para tomar decisiones. Su preocupación no podía ser más premonitoria.
Con el gobierno de César Gaviria en 1990, con la consigna de la modernidad y las privatizaciones para sustituir el Estado en muchos de sus roles, la relación público-privada tuvo un punto de inflexión. El volumen de recursos que comenzó a moverse fue tal que la corrupción cogió ritmo, una tentación inatajable y dejó de moverse, como diría el expresidente Turbay con su cinismo, dentro de las justas proporciones.
El paquete de privatizaciones de César Gaviria cubría todos los frentes con resultados a la postre, muy cuestionables. Si bien uno de los mayores desastres fue la desmantelada de las instituciones del sector agropecuario y la lenta agonía hasta su desaparición de los ferrocarriles, las alternativas privadas para los servicios públicos han resultado desastrosas para los usuarios quienes pagan cada vez mayores tarifas por peor calidad.
La construcción de la infraestructura vial se trasladó casi que por completo al sector privado que entró con fuerza y voracidad. Nació con César Gaviria el negocio de las concesiones viales, inaugurándose en 1993 con la entrega de nueve vías como parte del Plan Vial de la apertura económica y fue precisamente el banquero y también ingeniero civil Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien vio la gran oportunidad que se abría, un negocio en donde construir carreteras y mantenerlas con el recaudo de los peajes era el pretexto para un mega negocio financiero. Un ejercicio tan rentable que con los años se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento de su grupo Aval, a través de una completa estructura como la que se armó alrededor de Corficolombiana.
La fórmula del gobierno Gaviria puede haber enriquecido a constructoras y entidades financieras y la Cámara de la Infraestructura se convirtió en un poderoso e influyente gremio, pero la conexión terrestre en el país con sus pomposos nombres de autopistas de la prosperidad o las 4 G sigue siendo una calamidad con obras a medio terminar, dobles calzadas inconclusas, túneles como el de la Línea demorados y con costos duplicados, viaductos interrumpidos.
Y algo aún más grave, y es la vergonzosa realidad que destapó en su momento el escándalo de Odebrecht hace ya casi una década pero que los tribunales de la justicia norteamericana se han encargado de confirmar con la publicación de los expedientes del Grupo Aval en el proceso que se le siguió en EEUU: la aceptación del pago de sobornos por parte de Corficolombiana.
Va quedando además en evidencia que se trata de una práctica generalizada y que la contratación en Colombia está mediada por las mordidas, un comportamiento cotidiano visto socialmente como natural, dándole la razón a la frustración premonitoria de mi amigo el ingeniero de la vieja guardia; aquellos hombres rectos que en Colombia cada día están más arrinconados.