Es posible, pero altamente improbable, que Petro pueda sacar adelante una constituyente. Y es casi imposible que, si consiguiera su convocatoria, obtuviera mayorías en ella. La Carta del 91 exige que se apruebe una ley para convocarla, que esa ley sea sometida al control de la Constitucional y que al menos la tercera parte del censo electoral vote a favor de su convocatoria.
No se ve cómo podría conseguir la ley si ni siquiera logra que le aprueben sus reformas. Pero aún si la obtuviera, el censo electoral muestra 40,292,068 ciudadanos habilitados para votar y para convocar a la constituyente tendrían que votar a favor de ella 13.430.689, la tercera parte. Es decir, Petro necesitaría que sufragaran a favor de convocar una constituyente 2.138.703 ciudadanos más que los 11.291.986 que votaron por él en la segunda vuelta del 2022. Un 19% adicional. Dificilísimo. Ahora, las posibilidades de que Petro tuviera mayorías son minúsculas.
Cabe preguntarse si Petro hizo su propuesta sin haber hecho estas consideraciones. Es lo más probable. Es irreflexivo y charlatán y dice cualquier disparate. Como sea, la propuesta refleja una creciente tendencia desinstitucionalizante por parte de Petro e introduce mayores factores de polarización e incertidumbre. Si algo no necesita la economía del país, son más razones para la desconfianza de los inversionistas y consumidores.
Petro, además, viene enviando preocupantes mensajes sobre las instituciones. Ataca la tecnocracia y nombra activistas de extrema izquierda sin formación ni conocimientos, pretende decidir a su capricho el gasto público y saltarse las reglas del Presupuesto, desconoce decisiones de la Procuraduría, manda a sus huestes a una asonada contra la Corte Suprema,
Pone en marcha una campaña de difamación contra la Vicefiscal, usa las superintendencias y el MinTrabajo para perseguir e intimidar, debilita a la Fuerza Pública mientras que con sus decisiones fortalece a los criminales e incentiva procesos de milicianización de indígenas, campesinos y jóvenes delincuentes, quiere hacer por decreto las reformas que le niega el Congreso, arremete contra los medios de comunicación, etc.
Quizás aún más grave, ha puesto en duda la legitimidad del sistema electoral. Los ataques al software de los comicios, con el cual se eligió y el Pacto Histórico consiguió el mayor número de congresistas, solo pueden explicarse por su afán de que haya una nueva aplicación que él controle o, en su defecto, iniciar desde ya un proceso de deslegitimación de los resultados del 2026. En adelante hay que tener especial cuidado en proteger a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral de las embestidas petristas.
Y, lo más importante, no hay que cejar en el empeño de desmontar la pretensión de Petro de apropiarse del ‘pueblo’. Es vital desenmascarar su afán de confundir la voluntad popular con sus intereses personales y políticos.