No hay encuesta que no muestre la inmensa y generalizada preocupación de los colombianos con la aguda inseguridad que enfrentan en su diario vivir. Y no hay encuesta que no muestre su gran disgusto con la desaforada impunidad que envuelve al país y que, con razón, consideran como el mayor determinante de esa inseguridad.
Lo más grave es que todo se queda en quejas y nadie busca darle solución al agobiante asedio al que la criminalidad tiene sometida a la ciudadanía. No sería difícil hacerlo, pues la solución es clara: es urgente atacar de raíz la causa fundamental de la impunidad que impera en Colombia, la Ley 906 de 2004. Esta malhadada ley, que estableció en Colombia el Código de Procedimiento Penal conocido como la justicia oral, es la madre de la impunidad que se enseñorea en el país.
Apenas a los dos años de que la Ley 906/04 entrara en vigencia, los crímenes denunciados se habían cuadruplicado, no porque se hubieran cuadruplicado los delincuentes, sino porque empezaron a soltarlos tan pronto los capturaban. El índice de criminalidad no para de crecer desde entonces, y hoy más del 50% de los capturados han sido arrestados entre dos y diez veces, y son miles los delincuentes que superan 40 arrestos.
Entre las muchas aberraciones de la Ley 906, basta mencionar que mientras en Colombia el término para legalización de capturas es un imposible 36 horas, en países reconocidos por su respeto de los derechos humanos es más de 72 horas (en el Reino Unido puede llegar a dos meses). Las cargas impuestas para adelantar los procesos son tan exageradas y los tiempos son tan cortos que generalmente les es imposible a las autoridades cumplir con todos los requisitos de una norma ultragarantista y torcida a favor de los delincuentes.
Hace quince años el coronel Héctor Pérez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestaba: “Todos los días capturamos, todos los días recuperamos objetos que han sido hurtados a sus dueños. Todos los días nuestros policías se presentan frente a los fiscales y jueces para que procesen a los responsables de los delitos. A diario hacemos la tarea con entrega y sacrificio”. Y a diario, todos los días, la Ley 906 ordena a los jueces soltar a los capturados.
En 2021, el presidente del Colegio de Abogados penalistas de Colombia concluía: “Ya llevamos 15 años dándole espera a un sistema penal acusatorio que nunca funcionó”. “Creo que desde el día uno se sabía que este sistema no iba a funcionar, creo que lo que hemos hecho es simplemente darle largas a un sistema en crisis. Si se tratara de tomar soluciones de fondo, habría que ya reconocer que fracasó y regresar a lo que teníamos antes, que era muchísimo mejor”. Y el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez ha concluido que “el sistema no está preparado para llevar a cabo el sistema oral como está previsto, y adicionalmente porque la estructura legal del procedimiento contempla una cantidad de audiencias que hace prácticamente imposible adelantar procesos penales”.
Hoy se habla de una posible reforma a la justicia. Unos hablan de esto y otros de aquello, de la elección de los magistrados y de las de quienes manejarán los entes de control. Todo eso muy importante, pero nada lo es tanto como la seguridad ciudadana. Por eso, la primera reforma judicial deberá ser remplazar la funesta Ley 906/04 por una norma justa y que realmente proteja a los colombianos.