¿Se pregunta, por aquí y por allá, si el Petro de su segunda mitad de gobierno será igual al que conocimos durante estos dos años pasados?

Pero más significativa que esa pregunta me parece que debemos considerar la que le corresponde al otro lado, o sea, a todos los sectores que no forman parte del gobierno y que, de alguna manera, tienen críticas a las políticas públicas generales, o a las que los afectan directamente o, en particular, al estilo bien conocido del gobierno incluyendo su retórica pública.

Una cuidadosa autocrítica a lo que ha sido el comportamiento de los gremios, de la sociedad civil en general, de los medios de comunicación, etc., convendría mucho porque se trata de dos años, realmente menos, definitivos para la consolidación de la democracia colombiana o para su debilitamiento.

El único propósito de lo que debe animarnos durante los próximos meses es precisamente como comportarnos para que la democracia colombiana, una vez más, salga bien fortalecida de esta experiencia. Venezuela nos está dando un ejemplo muy contradictorio. Por un lado, una fidelidad asombrosa a las instituciones democráticas encarnadas en la participación electoral y en el proceso que lleva a la escogencia de un Presidente de la República.

Y ello, en medio de las circunstancias menos favorables, más complejas y riesgosas, para todos. Para los votantes y para sus dirigentes. Tan riesgosa la situación que ya estamos escuchando que hay órdenes de captura contra el candidato triunfante de oposición. Increíble. Impensable. Inaceptable.

Si algún papel tiene la comunidad internacional toda, en sus agencias multilaterales o en sus organismos nacionales, es precisamente el de impedir que semejante atropello contra la democracia pueda tener efecto. Aquí no debe ahorrarse ningún recurso que le indique a la dictadura venezolana que hasta allá no puede llegar su violación sistemática de los derechos humanos, su irrespeto a la vida democrática, su desconocimiento de la voluntad popular.

Sería una formidable desilusión si el gobierno, por la vía de un sistema judicial que no se ha distinguido por su independencia, logra castigar de esta manera a un opositor que enarbolando las libertades democráticas obtuvo un triunfo que prácticamente todos los países han reconocido. Sin que exista, hasta el momento, y ya es muy tarde, una evidencia que el gobierno pueda proporcionar para poner en duda la generalmente aceptada victoria de la oposición. El maltrato a las fuerzas de oposición, a sus dirigentes, es inaceptable.

Es convertir en una farsa no solo una retórica en favor aparente de los procedimientos democráticos, sino mostrarle al mundo que instituciones y procedimientos para ejercer el derecho sagrado de elegir y ser elegido no valen la pena. Qué cinismo invitar observadores electorales tan respetables como el Centro Carter o un Panel de las Naciones Unidas para desconocer, sin fórmula de juicio, su evaluación tan negativa del proceso electoral.

El anuncio contra Edmundo Gonzales Urrutia es un desafío colosal a la comunidad internacional. Y ella no puede permanecer pasiva o indiferente o complaciente frente a semejante atropello. La ciudadanía en todos los países está expectante, guarda todavía la ilusión de que una voluntad popular tan contundentemente expresada no puede ser burlada. Una decisión fundamental para la credibilidad en los procesos electorales cuya integridad todos reclamamos.