Enfrascada en las discusiones sobre los proyectos de reformas que se tramitan en el Congreso y los eventos políticos relacionados con ellas, la opinión pública no le ha prestado la atención que se merece a un suceso de inmensa gravedad, que muy pronto tendrá serias y muy negativas consecuencias para nuestra economía y diario discurrir: la inminente parálisis de la construcción en el país.
Desde hace meses la adquisición de vivienda de interés social (VIS) viene cayendo aceleradamente, hasta llegar a un punto crítico en el pasado febrero, cuando se vendieron solo 6.655 unidades, la cifra más baja desde 2020, en la pandemia. En total, en ese mes se comercializaron 9.920 vivienda nuevas (incluyendo no VIS), lo que representó una brutal caída del 62% en un año. Siendo este desempeño pésimo, el futuro será peor porque el inicio de proyectos nuevos ya empieza a acercarse a cero, particularmente en el segmento no VIS.
La importancia de la industria de la construcción como pilar de la economía y generadora de empleo es incontrovertible. De un total de 21 millones de empleos en la economía, el sector genera 1,4 millones de empleos directos y 2,6 millones de indirectos, provenientes de 34 industrias asociadas. Esto, además de generar un alto flujo de demanda agregada al interior del país, pues el 82% de sus insumos se originan en la industria manufacturera local.
El sector de la construcción de vivienda aporta cerca de 4,5 puntos del PIB nacional, al generar $75 billones de pesos anuales. Además, según estima el Ministerio de Vivienda, el multiplicador de la demanda asociado a la construcción es 2,15, o sea que por cada peso en que se incrementa la demanda de construcción, la producción total de la economía nacional aumenta en $2,15, impacto este muy superior al de casi todas las otras actividades productivas.
Son diversos los orígenes de esta crisis. El primero y que afecta a todos los tipos de vivienda es la loca alza de los intereses. Por un lado, ella le ha añadido más de un 5% al costo de las nuevas construcciones, ya encarecidas por los aumentos en los costos de sus insumos. Por el otro, ha disparado violentamente el monto de las cuotas que deben pagar los compradores, reduciendo sensiblemente la demanda.
Adicionalmente, en el caso de la vivienda VIS, los retrasos en el desembolso de los subsidios denominados Mi Casa Ya mantiene en vilo desde septiembre a cerca de 40 mil familias con ingresos menores a 4 SMMLV. Con el engorroso sistema actual, quienes tienen acceso a los subsidios no tienen acceso a crédito y quienes tienen acceso a crédito no lo tienen a subsidios.
El retroceso de cerca de una década en los niveles de adquisición de vivienda, la amenaza de declaración de cerca de 500 empresas en proceso de insolvencia, el alto desistimiento de negocios inmobiliarios y la contracción de los desembolsos de créditos hipotecario son eventos de enorme gravedad que requieren inmediata atención. Camacol estima los dineros faltantes para reactivar la venta de VIS en $3,3 billones de pesos. El Gobierno debe revisar un esquema de fijación de subsidios que ha conducido a la parálisis y debe hacer los incrementos necesarios en el presupuesto general de la nación para enfrentar una crisis que puede hacer que el flaco crecimiento del PIB estimado para este año se convierta en monumental caída. Sin construcción no hay crecimiento.