El Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta para Colombia en los próximos cuatro años, fue aprobado y conciliado por el Congreso de la República la semana anterior, por lo que solo queda pendiente la sanción presidencial para que sea una realidad. Al Valle del Cauca en general le fue bien, toda vez que fueron incluidas la mayoría de sus solicitudes e importantes proyectos que no tenían claro su futuro.

‘Colombia, potencia mundial de la vida’ es el nombre que el Gobierno Nacional quiso darle al documento que se constituye en base de sus políticas públicas, así como de las metas a cumplir entre 2023 y 2026. En el trámite legislativo que se extendió por tres meses no faltaron las polémicas, las intenciones de incluir propuestas cuestionadas o de darle al Presidente de la República facultades extraordinarias en asuntos discutibles. Aunque desde diferentes sectores se anuncian demandas al PND, es de esperar que su aplicación empiece de inmediato.

Coherente con el discurso del gobierno Petro, los asuntos sociales y medioambientales, así como la Paz Total, son el eje del Plan, y es en ellos en los que se hace especial énfasis. La redistribución de tierras agropecuarias busca entregar 2,9 millones de hectáreas de terrenos a pequeños campesinos, para lo cual se deberá avanzar en la actualización catastral en el 70% del país. Es parte también de la estrategia de reducir la pobreza extrema y la pobreza multidimensional antes de concluir el actual mandato.

En la mayoría de artículos converge el medio ambiente, tanto en asuntos de conservación y de restauración, como en cuanto a saneamiento básico y transformación energética. Llama la atención que se aprobara pasar del 1 al 6% las transferencias que deberán pagar las empresas que construyen proyectos de energías renovables como la solar o la eólica, cuando con ello se desestimularía la transición que se reclama para el país.

En cuanto a salud, se determinó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, Adres, girará los recursos directamente a las IPS, sin pasar por las EPS. Un paso adelante en las intenciones de reforma al sector en la que insiste el Gobierno Nacional.

Para el Valle se incluyeron la vía Mulaló-Loboguerro, la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura que se necesita para su competitividad, la recuperación del Tren del Pacífico y el Tren de Cercanías. Otros proyectos de infraestructura como la vía Orinoquía-Buenaventura también fueron avaladas y luego de la tragedia por la caída del puente del Alambrado, se introdujo para inversión la carretera Calarcá-La Paila.

Sin duda, la aprobación de la condonación de la deuda que Emcali tiene con la Nación, por cerca de $1,2 billones, y que resultó de la incapacidad de la empresa de servicios públicos de pagar el crédito japonés con el que se construyó la Ptar de Cañaveralejo, fue la noticia positiva de última hora. Son recursos que se liberarán para reinvertir en la ciudad y que deben ser manejados con total transparencia.

Ahora, lo que se espera es que el Plan Nacional de desarrollo y las inversiones por $1.154,8 billones que han presupuestado, se cumplan a rajatabla para beneficio del país y para bienestar de los colombianos.