Hace unos 30 años, el representante legal de un club social de Cali me otorgó poder para incoar demanda de restitución de inmueble contra la sociedad limitada inquilina de un local que el arrendador requería para su propio uso. Se daban todos los hechos para que la pretensión prosperara.
Presenté la demanda y días antes de salir el fallo acogiendo las pretensiones del actor, el demandado, seguramente atendiendo consejo de su abogado, resolvió formular denuncia contra mí, por la comisión de fraude procesal, aduciendo falsamente que yo había alterado el certificado de constitución y gerencia de la sociedad demandada, que expedido por la Cámara de Comercio me había entregado mi cliente.
Echo esta anécdota para decir que aparte la indignación que me produjo el atentado contra mi buen nombre profesional, me embargó una seria inquietud porque subir a ‘la sala del crimen’, como en el corrido mexicano se nombra el estrado judicial penal, genera temor, así uno sea tan inocente como el Nazareno.
Mi querido amigo, el excelente penalista Gustavo Franco Hernández, asumió mi defensa y me acompañó a la indagatoria sin juramento. Fueron unos días amargos por la imposibilidad de prever el final del asunto.
Luego de tres horas de preguntas y respuestas, el fiscal que conocía del caso resolvió, como era obvio, archivar el expediente. El doctor Franco me propuso acusar al denunciante por falsa denuncia. No quise hacerlo. El local fue desalojado en diligencia de entrega.
El delito por el que se me acusaba –fraude procesal- es uno de los dos por los que ahora el fiscal Gilberto Villarreal presentó escrito de acusación para que el expresidente Álvaro Uribe comparezca en juicio, por ese y por soborno a testigos en actuación penal. Anteriormente, dos fiscales pidieron precluir el caso. Dos juezas negaron la petición. Ahora el nuevo fiscal, que tomó el proceso en enero, antes de que la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, asumiera el cargo, y aún en tiempos del fiscal Francisco Barbosa, quien puso todo el interés para que se precluyera en favor de Uribe.
Ahora llegó el juicio, del que saldrá una sentencia absolutoria o condenatoria. Cualquiera de las dos será apelada y llegará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá en cuenta las pruebas recaudadas por la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera que sea lo que disponga el juez colegiado, será recurrido en casación ante el máximo tribunal de justicia.
Muchos años pasarán para que este proceso tenga fin, y quienes desean ver a Uribe tras las rejas, desengáñense, pues correrá mucha agua bajo los puentes antes de que ‘el presidente eterno’, sea reseñado en prisión.
Eso no lo verán mis ojos, pero sería bueno que este duro episodio le haga ver al expresidente que ya no es hora de seguir en la contienda política, y que es mejor estar en una de sus fincas con los nietos, que en los despachos judiciales o en las oficinas de sus abogados, que facturan por horas.
Y suena a chino el cuento de la persecución política salido de la boca de quien ha sido el más poderoso dirigente político de Colombia en los últimos 25 años.